El cambio de gobierno en Colombia no empezó con fotos de transición amable, sino con una amenaza de terremoto judicial: Abelardo de la Espriella llega a la Casa de Nariño anunciando pesquisas contra su antecesor por posibles nexos con el Clan del Golfo.
La narrativa de Espriella: "mandato" y mano dura
Desde la orilla del nuevo poder, el mensaje es que no se trata de revancha sino de mandato popular. De la Espriella se presenta como el ejecutor de un encargo de “más de trece millones de colombianos” para “restablecer la autoridad legítima del Estado” y “combatir sin concesiones toda forma de criminalidad organizada”.1 En su carta al vicepresidente electo José Manuel Restrepo, ordena con “carácter prioritario” adelantar “denuncias penales y disciplinarias” contra funcionarios del gobierno Petro presuntamente vinculados al Clan del Golfo.2
Tanto en medios económicos como generalistas, la movida se presenta como un giro de tolerancia cero: el Comité de Empalme Anticorrupción deberá “promover la presentación de denuncias penales, disciplinarias y cualquier otra acción” procedente, con el objetivo de que “nadie estará por encima de la ley y toda actuación será investigada con rigor, dentro del Estado de Derecho”.1
La acusación política: acuerdos, privilegios y Washington en escena
Desde la oposición a Petro, el énfasis es aún más crudo: se habla de “presuntos acuerdos” entre el gobierno saliente y el Clan del Golfo, a partir de revelaciones periodísticas sobre “privilegios” ofrecidos por el excomisionado de paz Danilo Rueda a ese grupo armado durante todo el mandato.3 Esas filtraciones son elevadas por De la Espriella a la categoría de “hechos de la mayor gravedad institucional” que “exigen una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho”.3
La jugada más agresiva: contemplar el envío del expediente al Departamento de Justicia de Estados Unidos “a través de los canales institucionales y diplomáticos correspondientes” para su “conocimiento y evaluación” en lo que pueda involucrar conductas de interés para la justicia norteamericana.3 También se abre la puerta a organismos internacionales si se configuran posibles violaciones graves de derechos humanos.2
¿Investigación o juicio político anticipado?
Mientras los medios cercanos al nuevo gobierno subrayan la promesa de “garantizar transparencia y rigor jurídico en la transición” y de “recuperar el monopolio legítimo de la fuerza y restablecer el orden público”,2 el encuadre opositor convierte el empalme en preámbulo de una causa penal transnacional.
El resultado: un final de gobierno Petro que se defiende en silencio mediático y un presidente electo que inicia su mandato no con reformas, sino con un mensaje: el próximo gran pulso político de Colombia se librará en los estrados.