La pelea por la seguridad del próximo presidente se está dando en los escritorios, no en las calles: el equipo de empalme de Abelardo de la Espriella quiere frenar a la UNP, mientras el gobierno saliente defiende la legalidad de sus decisiones de última hora.
Lo que reclama el equipo de De la Espriella
Desde la orilla del nuevo gobierno, José Manuel Restrepo llegó con freno de mano puesto. El vicepresidente electo pidió a la UNP que no haga “nuevos nombramientos durante el empalme presidencial” derivados del Decreto 0670 de 2026, que flexibiliza los requisitos para oficiales de protección.1 La orden es clara: nada de proveer cargos basados en esa norma hasta después del 7 de agosto.1
Restrepo cuestiona, sobre todo, el momento: un decreto que cambia quién puede ser escolta del presidente electo a menos de 40 días de la posesión le parece “absolutamente y totalmente inadmisible”.2 Y eleva el tono al advertir que podría tratarse de una “alerta de seguridad nacional” porque no se trata de “cualquier cargo”, sino de quienes tendrán “la misión de proteger al presidente electo de la República y su equipo de gobierno”.2
La versión más institucional
Paradójicamente, una parte de la misma movida suena mucho más técnica cuando se cuenta en clave institucional. Otro relato subraya que el “Gobierno electo pide a la Unidad Nacional de Protección no realizar nuevos nombramientos durante el empalme” sin cuestionar la legalidad del decreto, que “se encuentra en plena vigencia y goza de presunción de legalidad”.3
Aquí el énfasis no es el escándalo, sino la oportunidad: en un contexto de transición, la provisión inmediata de cargos exige una valoración “especialmente cuidadosa de su oportunidad, necesidad y conveniencia institucional”.3 Es la misma jugada, pero contada sin adjetivos.
En el fondo, el mismo temor
La oposición mediática habla de posible riesgo y jugadas de último minuto; la versión alineada con el gobierno electo habla de prudencia y técnica. Ambas, sin embargo, apuntan al mismo miedo: que el esquema de protección del nuevo presidente quede atado por decisiones aceleradas del gobierno saliente.