Iván Cepeda camina sobre la delgada línea entre aceptar la derrota y abrir la puerta a una batalla jurídica masiva: valida el preconteo, pero se prepara para disputar 33.000 mesas. El mensaje: sí a las reglas del juego, pero no sin revisar cada punto y coma del resultado.

Desde el sector cercano al Gobierno, el énfasis está en la imagen de demócrata disciplinado. Medios afines destacan que Cepeda “reconoce el preconteo” y subraya que su movimiento “respeta las reglas democráticas” al aceptar el dato que da como ganador a Abelardo de la Espriella, aunque lo considera aún no oficial.¹ En esta lectura, la impugnación de 33.000 mesas es un derecho legal, no un desafío al sistema: “una vez se produzca el escrutinio final y se hayan hecho las verificaciones, reconoceremos el resultado oficial”.²

La prensa opositora recoge el mismo gesto, pero lo encuadra en clave de tensión y sospecha. “Impugnarán 33.000 mesas” y solo “reconoceremos el resultado final del escrutinio” es el titular que resalta la dimensión contenciosa del anuncio,³ subrayando que la campaña de Cepeda se prepara para una revisión masiva en una elección descrita como una de las más cerradas de la historia reciente, con una mínima diferencia de votos frente a De la Espriella.⁴

Coinciden ambos lados en dos puntos: el preconteo da una ligera ventaja al candidato de derecha y Cepeda no está llamando a desconocer el resultado, sino a estirarlo al máximo legal posible. Divergen en el tono: para los alineados con el Gobierno, es una prueba de institucionalidad progresista; para la oposición, un síntoma de que la noche electoral fue solo el primer asalto de una pelea que continuará en los tribunales y en el terreno político.