La justicia volvió a sentar a Álvaro Uribe en el banquillo simbólico y el país se parte, otra vez, en dos: quienes ven un avance histórico contra la impunidad y quienes huelen cálculo electoral a tres días de las urnas.

La versión institucional es clara: la Fiscalía abrió una investigación formal contra el expresidente por su “presunta responsabilidad en la conformación y acción de grupos paramilitares en Antioquia durante la década de los noventa”¹. Una fiscal delegada lo citó a indagatoria por homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado, en el marco de las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), así como por el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y el papel de la hacienda Guacharacas como posible base de operaciones paramilitares¹²⁴⁵.

Medios alineados con la lectura gubernamental subrayan la gravedad y el alcance histórico del proceso: “Fiscalía abre investigación contra Álvaro Uribe por presunta conformación de grupos paramilitares”¹ y “El expresidente Álvaro Uribe es citado a indagatoria por dos masacres de paramilitares”². En este marco, se enfatiza también el llamado político del presidente Gustavo Petro a que Uribe acuda a la JEP y aporte verdad para la reconciliación nacional¹⁴.

Del otro lado, el uribismo y buena parte de la oposición cuestionan el timing y la fiscal encargada. Un titular resume el malestar: “A tres días de elecciones, Fiscalía llama a indagatoria a Álvaro Uribe por masacres de El Aro y La Granja ocurridas hace 30 años”⁴. El propio exmandatario denuncia una “injusticia de clara presión política” y sostiene que la fiscal “no recibió una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme”¹³. Según estos sectores, no se le acusa de dar órdenes directas, sino de una presunta omisión cuando era gobernador, en un caso que consideran reabierto bajo motivaciones políticas³.

Mientras unas voces celebran que, por fin, un expresidente responda por “casos de alto impacto”⁵, otras ven en la decisión la enésima batalla de una guerra política sin tregua. La justicia deberá probar lo que la política lleva décadas gritando.