La liberación de Jhon Bladimir Jaimes y Daniel Rumbos, tras siete años en la cárcel militar de Ramo Verde y con condenas de 30 años a cuestas, se vende como gesto de apertura. Pero la forma y el contexto dejan más preguntas que celebración automática.

El relato oficial: gesto de normalización

Desde la narrativa alineada al Gobierno, el énfasis está en el hecho mismo de la excarcelación: dos presos políticos que “excarcelados tras permanecer 7 años detenidos, y condenados a 30 años” aparecen como prueba de que hay movimiento en los casos más largos y duros del sistema venezolano.

La etiqueta “excarcelados” funciona como palabra mágica: sugiere corrección de excesos sin entrar a revisar las condenas de tres décadas ni el uso de Ramo Verde como símbolo del castigo político.

El enfoque de derechos humanos: libertad… pero condicionada

En la cobertura de medios críticos y de ONG se subraya el carácter político de las detenciones: se habla explícitamente de “los presos políticos Jhon Bladimir Jaimes y Daniel Rumbos” y se recuerda que ambos “fueron excarcelados… tras cumplir siete años de prisión” en Ramo Verde, centro emblemático para militares y civiles por motivos políticos.

La misma fuente destaca que “habían recibido una sentencia de 30 años de prisión, la pena máxima contemplada en la legislación venezolana”, y alerta que aún “no han detallado bajo qué condiciones o medidas sustitutivas de libertad se ejecutó esta excarcelación”. Es decir: la puerta se abre, pero no se sabe si es salida definitiva o correa más larga.

Coincidencias y silencios

Ambos relatos coinciden en los datos duros: siete años presos, condena de 30 años, cárcel de Ramo Verde. Divergen en lo que callan: del lado oficial, se omite el debate sobre presos políticos; del lado de derechos humanos, se insiste en que, mientras no se conozcan las condiciones y no se aborde la situación de los demás detenidos, esto es alivio puntual, no cambio estructural.