La bandera vuelve al centro del ring político: la Corte Suprema frenó, al menos por ahora, el intento de sacar los símbolos patrios de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella. Pero detrás del aparente triunfo del candidato hay un pulso más grande: ¿libertad de expresión electoral o uso abusivo de la iconografía nacional?
La lectura oficialista: victoria táctica de la campaña
Desde el flanco cercano a la campaña se presenta el fallo como un alivio urgente en plena recta final. La Corte admitió la tutela de De la Espriella y suspendió provisionalmente la orden del Tribunal que le exigía desmontar logos, lemas y piezas publicitarias asociadas a su identidad política.1 El mensaje: se protege el derecho del candidato a mantener su marca política —incluidos eslóganes como “Firmes por la patria” y “Defensores de la Patria”— mientras se decide de fondo si su uso es o no legítimo.1
El argumento central: la medida del Tribunal podía causar un daño irreparable al obligar a desmontar buena parte de la identidad publicitaria en plena etapa final de la campaña.1
La oposición jurídica: el problema es el Tribunal, no el límite
Los medios críticos resaltan otra cosa: la Corte no convalidó todavía el uso de símbolos patrios, solo “suspendió los efectos de la orden judicial” que obligaba a retirarlos en 24 horas, al considerar que carecía de debido proceso y proporcionalidad.2 Dos magistrados, en decisiones separadas, coincidieron en frenar la orden del Tribunal Superior de Bogotá y recordaron que la evaluación del uso de símbolos corresponde al Consejo Nacional Electoral, no a un juez de tutela aislado.2
Aquí el énfasis no es la libertad de campaña, sino el desorden institucional: una medida “exprés” que ordenaba retirar toda la propaganda con bandera, escudo, imágenes militares y consignas como “Firmes por la patria” es vista como jurídicamente desbordada.3
Coincidencia incómoda
Ambos lados convergen en un punto: la orden original era desproporcionada. Divergen en lo esencial: para los cercanos a De la Espriella, el fallo es un blindaje político; para la oposición jurídica, es una advertencia a los jueces activistas. Mientras tanto, los símbolos patrios se quedan en campaña… y la Corte se queda con la última palabra.