Un auto fugaz, una renuncia, un presidente en Nueva York y una comisión cuestionada: la supuesta suspensión de Gustavo Petro se volvió el mejor retrato del caos institucional en plena recta final electoral.

1. ¿Suspensión histórica o globo de ensayo?

Desde la orilla opositora, el primer relato fue contundente: “ordenan la ‘suspensión provisional’ de Petro como presidente hasta después de las elecciones”.¹ Se presentó la decisión de Gloria Arizabaleta como una medida inédita que lo apartaría del cargo hasta el 21 de junio, basada en su presunta intervención en la campaña mediante mensajes en X y concebida como antesala de una suspensión definitiva por parte del Senado.¹ Otro análisis de ese mismo sector recordó que la falta de intervención en política se considera “gravísima” y detalló los mensajes de Petro como supuesta prueba de proselitismo digital.²

Sin embargo, incluso voces críticas con el Gobierno advirtieron rápido el desborde jurídico: una columna calificó la medida como “inconstitucional”, recordando que la Comisión de Investigación solo puede investigar y acusar, no suspender, pues el fuero presidencial reserva esa potestad al Senado tras una acusación formal.³

2. La contraofensiva institucional y del petrismo

Del otro lado, el relato oficialista se centró en desmontar el espectáculo. Medios alineados al Gobierno subrayaron que “expertos coinciden en que Gloria Arizabaleta no puede suspender al presidente por sí sola”⁴ y que la Constitución exige un trámite largo que termina en el Senado, no en un auto individual.

Arizabaleta terminó reculando: “rectificó el auto que pedía suspender al presidente Petro y aclaró que debe ser votado” por toda la Comisión de Acusaciones,⁵ lo que de facto dejó a Petro no suspendido y devolvió el caso al carril de una decisión colegiada.

Mientras tanto, el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo desinfló la narrativa de golpe institucional: “no existe en la comisión ningún auto que diga eso”, aseguró, recalcando que la presidenta ni siquiera había radicado formalmente la decisión y que “un investigador no puede suspender a un presidente”.⁶

El propio Petro habló desde la ONU, denunciando que la jugada proviene de un “partido rival” y defendiendo su derecho a responder cuando, según él, se le calumnia.⁷

3. Daño colateral: la Comisión en el banquillo

La crisis ya cobró su primera víctima interna: “el escándalo por supuesta suspensión del presidente Petro cobra su primera renuncia” en la Comisión de Acusaciones,⁸ la del representante Leonardo Gallego, quien denunció una medida “sin fundamento suficiente” y alertó por el uso político de un órgano pensado para actuar con “independencia” y sin interferir en procesos electorales.⁸

En el fondo, gobierno y oposición coinciden en algo incómodo: la Comisión no puede suspender por sí sola al presidente. La diferencia es quién capitaliza el error: la oposición, para insistir en la “falta gravísima”; el petrismo, para denunciar un intento torpe de golpe jurídico en plena campaña.