Costa Rica se vende como refugio humanitario, pero redacta el decreto con letra pequeña. La nueva categoría migratoria especial promete sacar de la sombra a miles de nicaragüenses, venezolanos, cubanos y colombianos, mientras afila los mecanismos para expulsar a quien cruce la línea.

La narrativa oficial es clara: se trata de protección, no de laxitud. La Dirección General de Migración y Extranjería anuncia que regularizará a «miles de migrantes con solicitudes de refugio pendientes de resolución» mediante una categoría especial de dos años prorrogables, dirigida a personas de Cuba, Nicaragua, Colombia y Venezuela cuyas solicitudes fueron rechazadas o siguen sin respuesta.¹ El gobierno subraya que las poblaciones seleccionadas viven situaciones políticas, sociales y de orden público que «determinan la necesidad de que se establezcan mecanismos orientados a la protección».¹

La oposición mediática lee el mismo decreto con otro énfasis: oportunidad sí, pero condicionada. Destaca que «casi 200 mil nicaragüenses podrían obtener estatus legal en Costa Rica», pero advierte que la norma incluye causales de cancelación si cometen delitos o son considerados un peligro, y que solo aplica a quienes pidieron refugio entre 2014 y mayo de 2026 y siguen sin otra vía migratoria.² Es regularización con reloj y con espada sobre la cabeza.

En X, el periodista Carlos F. Chamorro resume el giro como una “reactivación” de la vía migratoria para nicaragüenses con refugio pendiente o rechazado, subrayando que la categoría permitirá trabajar legalmente a quienes solicitaron refugio entre 2014 y mayo de 2026.Carlos F Chamorro (cefeche)³ Coincide con el gobierno en el alcance temporal y laboral del beneficio, pero su énfasis es más práctico que triunfalista.

En el fondo, todos hablan del mismo experimento: un país pequeño que intenta cuadrar el círculo entre seguridad, saturación institucional y una diáspora que ya no cabe ni en las estadísticas.