La salud de los presos políticos enfermos en Venezuela se ha convertido en una prueba de fuego para el sistema de justicia: o se les trata como pacientes con derechos, o como desechables del Estado.
Lo que denuncia la ONG
La abogada penalista Theresly Malavé, directora de la ONG Justicia y Proceso, sostiene que el Estado ni siquiera finge preocuparse. Según su denuncia, “no hay intención de trasladarlos a hospitales” para recibir atención especializada, pese a que muchos padecen enfermedades crónicas graves.1 La organización alerta que más de 50 presos políticos están en condición crítica y que la omisión oficial puede traducirse, literalmente, en más muertes bajo custodia.2
Malavé afirma que los detenidos con arresto domiciliario tampoco se salvan: “están en iguales condiciones, porque sencillamente no se les traslada al médico para que les apliquen sus tratamientos”, recordando que estar preso solo restringe la libertad, no el derecho a la vida ni a la salud.2
El contraste con el discurso oficial
Mientras tanto, altos funcionarios han prometido liberaciones masivas que, según la ONG, nunca se concretan. Malavé califica estos anuncios como una “burla” y habla de “pérdida de credibilidad absoluta” en voceros como el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la presidenta encargada de la República, cuyas promesas desatan huelgas de hambre y protestas de familiares que luego quedan en nada.2
En el papel, el gobierno se presenta como garante de derechos humanos. En la práctica, la fotografía que describe Justicia y Proceso es la de un Estado que recibe listados de casos, diagnósticos médicos y peticiones formales —incluso entregadas al Ministerio Público en formato digital— y responde con silencio administrativo.2
La brecha entre el relato oficial y la denuncia de la ONG es clara: mientras el poder habla de “humanización” y excarcelaciones, en las celdas y casas por cárcel el mensaje que perciben los presos enfermos es otro: sobrevivir es, cada día más, cuestión de suerte.