Historia
junio 30, 2026
ONGs denuncian uso político de anuncios de excarcelaciones en Venezuela
Organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Foro Penal han denunciado el "uso propagandístico" de los recientes anuncios de excarcelaciones de presos políticos por parte del gobierno venezolano. Advierten que existe una gran diferencia entre las cifras oficiales y las liberaciones verificadas, y que el aparato represivo del Estado permanece intacto.
El Gobierno venezolano vende una ola de “libertades” como muestra de apertura, mientras las ONG de derechos humanos responden que, detrás del espectáculo, las rejas siguen donde siempre: en las cárceles y en el aparato represivo.
La versión oficial: cientos de excarcelaciones, narrativa de deshielo
Según los anuncios oficiales, en pocos días deberían haberse concretado unas 300 excarcelaciones de presos políticos, presentadas como un gesto de distensión y voluntad de diálogo. La cifra, repetida en vocerías públicas y celebrada por autoridades, se presenta como un hito humanitario y una señal de normalización institucional.
En el discurso gubernamental, los números abultados y el lenguaje de reconciliación buscan instalar la idea de que el conflicto político se está “desinflamando” gracias a la iniciativa del poder central. El relato: muchos presos salen, la crisis se reduce, el país avanza.
Las ONG: propaganda, control y miedo
Para Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), esa narrativa es puro maquillaje. La organización denuncia que, frente a las 300 excarcelaciones anunciadas, solo han podido verificar 44 liberaciones, lo que evidencia a su juicio un “uso propagandístico” de las excarcelaciones mientras “el sistema de control y persecución se mantiene sin cambios estructurales”.1
En la misma línea, JEP y el Foro Penal hablan de un “nuevo uso político” de estos anuncios, al advertir que “no representan una solución real a la situación de los presos políticos en Venezuela”.2 Las ONG subrayan que la mayoría de los liberados sigue bajo medidas condicionales arbitrarias, con procesos sin garantías y bajo amenaza de volver a prisión.2
Mientras el Gobierno exhibe cifras grandilocuentes, JEP registra 637 presos políticos, muchos de ellos adultos mayores, enfermos o extranjeros usados como parte de una “diplomacia de rehenes”,1 y el Foro Penal contabiliza 409 detenidos, con 39 excarcelaciones verificadas —apenas el 13 % de lo prometido.2
El contraste es brutal: para el poder, las excarcelaciones son un trofeo comunicacional; para las ONG, son fichas de negociación en un tablero donde la libertad sigue siendo moneda de cambio, no derecho garantizado.