En la recta final de la campaña presidencial, Iván Cepeda se convirtió en el epicentro de una pelea jurídica y política: ¿reuniones privadas legítimas o “tarimazos” disfrazados para saltarse la ley electoral?

1. La oposición: del “tarimazo” al “candidato que viola la ley”

Desde el flanco opositor, el relato es sencillo y lapidario: Cepeda estaría haciendo actos de campaña masivos en plena veda y burlando las normas. Titulares como “Cepeda hizo nuevo ‘tarimazo’ en Córdoba, pese a prohibición y le caen críticas: ‘el candidato de la revolución ética viola la ley’” resumen el tono de la acusación.¹

Los críticos hablan directamente de “tarimazos ilegales” y se preguntan “¿Quién responde por los ‘tarimazos’ ilegales de Cepeda?”.² Sostienen que los eventos en Sincelejo, Córdoba y Arauca son actos proselitistas masivos, justo cuando el Decreto 0188 de 2026 prohíbe este tipo de actividades una semana antes de la primera vuelta.³ Para ese sector, el caso es emblemático de un candidato que hace campaña mientras el resto guarda silencio por obligación legal.

2. El árbitro electoral: llamado de atención, pero sin mover mucho la aguja

El Consejo Nacional Electoral aparece como un árbitro que pita falta… a medias. De un lado, se registran “dos denuncias contra Cepeda por los eventos masivos que se realizaron en Córdoba y Sucre, pese a que está prohibido en la semana previa al día de las elecciones”.² También se habla de otras denuncias por eventos en la Costa Caribe y en Arauca.⁴

Sin embargo, el propio CNE “no planea iniciar procedimientos” inmediatos por estos actos, y más bien “prepara un llamado de atención general” a todas las campañas para que cumplan la ley.³ Además, fuentes indican que, al derivarse las vedas de un decreto de orden público, “poco o nada tiene por hacer el CNE” y que la pelota podría terminar en la cancha de los alcaldes.⁴

3. Cepeda y el gobierno: todo es privado, nada es tarima

En el lado de Cepeda y del Gobierno la defensa es clara: las reuniones se realizaron en recintos cerrados, con invitación, y por tanto no son actos públicos sujetos a la veda. El propio candidato ha insistido en que se trata de encuentros “para coordinar el día de las elecciones” y que se hacen en un “recinto privado”.¹³ En Montería, explicó que, ante las críticas, ese era simplemente un espacio de coordinación para el 31 de mayo y llamó a su estructura a no quedarse en casa y salir temprano a votar.³

La narrativa gubernamental se alinea con esa tesis. El Ministerio del Interior respalda la legalidad de estos eventos privados, y el ministro Armando Benedetti habla de que alrededor de las denuncias “hay puro mito”.¹⁵

4. El choque de lecturas: la disputa por la línea entre lo público y lo privado

La controversia destapa un vacío clave: ¿cuándo un salón lleno de simpatizantes deja de ser reunión interna y se convierte en mitin prohibido? Mientras la oposición ve “eventos masivos” claramente proselitistas,¹² la campaña insiste en el ropaje de coordinación íntima.¹⁵

El CNE, atrapado entre la presión política y los límites jurídicos del decreto, opta por el regaño colectivo antes que por el prontuario disciplinario.³⁴ En una contienda cerrada, esa ambigüedad es, en sí misma, una decisión: deja a Cepeda bajo sospecha, pero no fuera de juego.