El Caribe colombiano se prepara para recibir más gas… importado. Mientras el Gobierno celebra la “solución” al riesgo de desabastecimiento, la oposición ve en la nueva regasificadora de Cartagena una apuesta que amarra al país al gas externo justo cuando promete una transición energética acelerada.

Lo que celebra el Gobierno

Desde la orilla oficial y de las empresas aliadas, el proyecto se presenta como un salvavidas para el sistema energético. La regasificadora de Puerto Bahía “ya tiene todo para arrancar” y se vende como la obra que “ayudaría enfrentar riesgo de déficit” de gas en plena presión por El Niño y la menor hidrología.¹

El mensaje: hay urgencia y previsión. Ecopetrol y Puerto Bahía destacan que la infraestructura permitirá “incorporar una oferta inicial de hasta 300 GBTUD al balance energético nacional”, reforzando la seguridad del suministro en el corto y mediano plazo.¹

Lo que advierte la oposición

Del otro lado, la lectura es menos triunfalista: Colombia “asegura más gas importado para 2027” gracias a la luz verde a la regasificadora de Cartagena, subraya el enfoque crítico, que resalta el carácter importador del proyecto más que su aporte a la soberanía energética.²

El matiz es clave: sí, habrá gas, pero dependerá cada vez más de barcos y mercados internacionales, en un contexto de precios volátiles y de un gobierno que, en discurso, dice querer reducir la dependencia de combustibles fósiles.

Coincidencias incómodas

Ambas orillas coinciden en el diagnóstico —riesgo de déficit, presión por El Niño y necesidad de reforzar el sistema—, pero difieren en el titular político: para el Gobierno es gestión responsable de riesgo; para la oposición, la consolidación de un modelo de importación que posterga la discusión de fondo sobre exploración local, diversificación y verdadera transición.

En Cartagena, la infraestructura avanza. El debate, también.