Historia
junio 30, 2026
Dos implicados en el caso Yulixa Toloza no aceptan cargos en Colombia
Dos ciudadanos venezolanos, Jesús Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, capturados en Cúcuta, no aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía en relación con la muerte de Yulixa Toloza. Están acusados de favorecimiento y alteración de pruebas por presuntamente intentar destruir el vehículo en el que fue transportado el cuerpo de la víctima.
La muerte de Yulixa Toloza, tras un procedimiento estético en un centro ilegal de Bogotá, ya no solo exhibe la precariedad del negocio de la belleza clandestina: también desnuda una puja institucional por quién manda en el expediente.
Fiscalía vs. Procuraduría: choque de libretos
Desde el flanco más crítico, se subraya que la Fiscalía actuó con rapidez al judicializar a dos de los capturados por el crimen de Yulixa Toloza y legalizar su captura ante un juez de Cúcuta.1 Según este relato, los venezolanos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado habrían cobrado 800.000 pesos para mover y recuperar el vehículo usado en el traslado del cuerpo, por lo que enfrentarían cargos de ocultamiento de pruebas, favorecimiento y desaparición forzada.1
El enfoque institucional, en cambio, pone el acento en la prudencia procesal. Otro relato oficial recalca que dos de los implicados en el caso de Yulixa Toloza no aceptaron cargos, obligando a la Fiscalía a sostener en juicio su tesis sobre maniobras para destruir el carro, considerado “pieza clave” para reconstruir lo ocurrido tras la intervención estética.2
La grieta se abrió del todo cuando la Procuraduría entró en escena y pidió la libertad de dos de los capturados, alegando que habrían sido engañados y cuestionando frontalmente la lealtad procesal de la Fiscalía.3 El choque fue tal que el procurador delegado terminó removido del caso, en un episodio que deja heridas entre las entidades llamadas a cooperar, no a pelear.3
Un caso, tres lecturas
Mientras la oposición ve un expediente que prueba la capacidad de investigación, pero también las limitaciones de cooperación con Venezuela, donde fueron detenidos otros tres implicados y donde la Constitución prohíbe extraditar a sus nacionales,1 el sector gubernamental intenta equilibrar garantías y firmeza: resalta que la no aceptación de cargos no cierra la puerta a la responsabilidad penal,2 y marca distancia del procurador que desautorizó a la Fiscalía en plena audiencia.3
Al final, Toloza es la víctima de dos sistemas: el de la estética pirata y el de una justicia que aún discute quién tiene la razón mientras el país pide respuestas.