История
4 нояб. 2026 г.
El rescate fiscal corre contra el reloj entre austeridad y nuevos tributos
El Gobierno pide al Congreso aprobar en 30 días su Ley de Rescate Económico para contener deuda y déficit. Mientras el Ejecutivo vende un ajuste centrado en recortar gasto y proteger a los vulnerables, la cobertura opositora advierte que el texto sí incorpora cambios tributarios.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso al Congreso bajo presión: el mensaje de urgencia para la Ley de Rescate Económico obliga a decidir sobre el proyecto en 30 días, permite sesiones conjuntas de las comisiones económicas y le da prioridad sobre otros asuntos legislativos.1 La apuesta oficial es simple en el diagnóstico, aunque mucho más compleja en la receta: el déficit y la deuda ya no admitirían el ritmo ordinario del Capitolio.
La Casa de Nariño sostiene que el país destina hoy uno de cada tres pesos recaudados al pago de deuda; sin medidas, esa proporción subiría a uno de cada dos en 2031. El Ejecutivo advierte que la crisis puede estallar antes, con efectos especialmente duros sobre los hogares vulnerables.2 De ahí su argumento político: cerca del 70% del ajuste vendría de recortar, racionalizar y hacer más eficiente el gasto estatal, no de cargar otra vez la factura sobre los contribuyentes.
La oposición y la cobertura crítica no discuten que el Gobierno busque contener el gasto, pero resaltan la otra mitad del expediente. El proyecto contempla cambios tributarios y nuevos impuestos para determinados sectores, aun cuando preserva la exclusión de IVA para alimentos básicos, medicamentos, salud, educación, vivienda, servicios públicos, transporte y ACPM.3 Esa contradicción aparente concentra el debate: austeridad para el Estado, pero también nuevas reglas de recaudo para cerrar la brecha fiscal.
El Ejecutivo intenta resolverla con EfectIVA, un mecanismo que trasladaría la carga final del IVA hacia quienes tienen mayor capacidad de pago. Calcula que eliminaría ese costo para 18,9 millones de personas pobres o vulnerables y elevaría el ingreso disponible de más de 35,2 millones.4 También promete renta corporativa más baja, combate a la evasión y mayor financiación para la salud.
La disputa, entonces, no es solo por la velocidad del trámite. Es por quién absorberá el rescate: el Estado, los sectores gravados o ambos. El Congreso tendrá un mes para decidir si la urgencia fiscal justifica un ajuste que se presenta como socialmente protector, pero que conserva una fuerte palanca tributaria.