Las hijas gemelas de Junieysis Merlo ya están en Nicaragua. El desenlace, esperado durante casi tres meses tras el femicidio de la tiktoker en Costa Rica, se ha convertido también en un pulso de relatos: ¿triunfo institucional o victoria de la presión familiar y mediática?

Versión oficialista: coordinación y éxito institucional

Desde el ángulo alineado con el gobierno, el énfasis va en la coordinación entre Estados y el buen término del trámite. Se subraya que las niñas “fueron entregadas a su familia materna por Costa Rica”¹ y que entraron “legalmente con su documentación” para ser recibidas por sus abuelos y tíos en San Juan de Río Coco.¹

Esta narrativa destaca la actuación rápida del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la articulación con Migración y el Ministerio de la Familia de Nicaragua, presentada como un proceso donde “todo se logró rápido” y con una adaptación “progresiva y positiva” de las menores a su familia materna.¹

Versión crítica: batalla legal y ausencia del Estado nicaragüense

Los medios de oposición sitúan la historia menos en el expediente y más en la lucha de la familia. Hablan de una “batalla legal” y remarcan que la custodia se resolvió en Costa Rica, que permitió que las niñas viajaran “bajo el cuidado de su abuela y sus tíos maternos”, poniendo fin a “casi tres meses de incertidumbre”.²

El abogado Joseph Rivera aparece como figura clave, acompañando el caso de forma gratuita después de que las autoridades nicaragüenses no cumplieran con el pago prometido por sus servicios.² Otra crónica enfatiza que fue el PANI quien entregó formalmente a las niñas al Ministerio de la Familia y que el traslado se hizo desde Peñas Blancas hasta la comunidad de Buena Vista, destacando el rol de Costa Rica en la protección inicial.³

Coincidencias y silencios

Ambas orillas coinciden en lo esencial: las menores están con su abuela Vilma Espinoza en Nicaragua, tras un proceso de protección y restitución familiar que las aleja del escenario del crimen.⁴ La gran diferencia está en lo que se calla: mientras la versión oficialista casi no menciona los pendientes de justicia ni las omisiones del Estado nicaragüense, la oposición insiste en el femicidio, el principal sospechoso —el padre— y la deuda de un sistema que llega tarde, cuando ya hay dos niñas huérfanas.