Las balas que silenciaron a Cristian Herrera en Cúcuta ya tienen presuntos responsables tras las capturas de alias “Demonio”, “Wilmer” y “Angélica”. Pero mientras el Gobierno exhibe resultados, la otra cara del país sigue preguntando por qué un periodista con 17 ataques previos terminó desprotegido.

Gobierno: golpe rápido y “contundente”

La narrativa oficial subraya la eficacia. En una “contundente reacción investigativa” se habría logrado, “en tiempo récord”, la captura de los tres presuntos implicados en el homicidio del reportero judicial, gracias al trabajo articulado de la Policía y la Fiscalía, que promete que “ningún hecho contra la vida y contra la libertad de prensa quedará en la impunidad”.¹

Otra versión cercana al Gobierno detalla el operativo: a partir de más de 40 horas de videovigilancia se reconstruyó el plan criminal, identificando a Johan Sebastián Andrade, alias “El Diablo” o “Demonio”, como presunto sicario, y a “Wilmer” y “Angélica” como quienes habrían marcado y seguido al periodista antes del ataque.² Los tres deberán responder por homicidio agravado y porte ilegal de armas.²

Víctimas y críticos: justicia sí, pero también responsabilidad del Estado

Desde el entorno de la víctima, el tono es menos triunfalista y más acusador. Herrera sumaba “más de 20 años al servicio del periodismo” y su trabajo de denuncia lo convirtió en blanco de estructuras criminales: la FLIP registró 17 ataques en su contra desde 2014.³ El día del crimen, no estaba acompañado por los escoltas que “frecuentemente lo acompañaban”, un vacío de protección que hoy pesa como una decisión fatal.³

Mientras el relato oficial intenta cerrar el caso con capturas y audiencias, las voces críticas insisten en que el verdadero contraste no está solo entre Gobierno y oposición, sino entre un Estado que reacciona después del asesinato y un periodista que llevaba años anunciando, con su propio cuerpo, que lo iban a matar.