Un peaje migratorio de seis cifras acaba de chocar contra un muro judicial en Estados Unidos: la tarifa de 100.000 dólares para las visas H‑1B de trabajadores altamente calificados fue tumbada por un juez federal, reabriendo la pelea entre la Casa Blanca de Trump, las empresas y el Congreso.

Trump vs. el mercado de talento

La proclama de Donald Trump buscaba encarecer drásticamente la puerta de entrada a trabajadores extranjeros de alta cualificación, elevando un trámite que antes “rondaba los 5.000 dólares”¹ hasta un pago obligatorio de 100.000 dólares por solicitud H‑1B². La justificación oficial: el programa “se ha explotado deliberadamente para reemplazar, en lugar de complementar, a los trabajadores estadounidenses con mano de obra menos cualificada y peor pagada”¹.

Desde la óptica alineada con el gobierno, la medida era una defensa de la “seguridad económica y nacional”² y una forma de responder a las dificultades para retener a trabajadores STEM estadounidenses, cuyo número “se ha duplicado con creces entre 2000 y 2019”¹.

Empresas y universidades: alarma por el golpe al talento

Gigantes tecnológicos y universidades vieron algo muy distinto: un misil directo al mercado de talento global. Desde que se anunció el nuevo pago, alertaron que “les haría falta talento para cubrir algunas de sus vacantes”¹, en un sistema donde ya solo se reparten unas 85.000 visas H‑1B al año mediante lotería².

La Cámara de Comercio y la Asociación de Universidades llevaron la batalla a los tribunales, advirtiendo que la tarifa iba a “ocasionar una afectación en el talento laboral”².

El freno judicial

Aunque una jueza primero avaló la tarifa, el juez federal Leo Sorokin terminó declarando ilegal la medida, al considerar que una tasa de este calibre “debería tomar[la] el Congreso y no el presidente”². Resultado: el muro de 100.000 dólares se derrumba… pero deja abierta la pregunta de hasta dónde puede llegar el Ejecutivo en reescribir, por decreto, las reglas del juego migratorio y laboral de alto nivel.