La UCV recupera la administración de la Zona Rental de Plaza Venezuela… pero el regreso viene con letra pequeña: una deuda millonaria, papeles aún sin firmar y una disputa soterrada por el control del negocio urbano universitario.

El relato oficial: “hito institucional” y triunfo compartido

Desde el discurso gubernamental y medios afines, la medida se vende como un “hito institucional y financiero” para la educación superior: la UCV vuelve a manejar directamente los arrendamientos de la Zona Rental Norte, más de 10 hectáreas de altísimo valor en Plaza Venezuela, tras más de 20 años de reclamos.¹ El anuncio lo hizo la vicepresidenta Delcy Rodríguez junto a la ministra de Educación Universitaria, subrayando que se trata de una restitución de derechos y de una inyección de recursos frescos para la universidad.¹

La mirada de la UCV: victoria parcial y cuentas pendientes

Desde la propia casa de estudios, el tono es menos épico y más contable. El titular que circula entre fuentes ucevistas enfatiza que “la UCV recuperó el control de la Zona Rental, pero reclama una deuda de más de 15 millones de dólares”.¹ El rector Víctor Rago pone el foco en el uso de los ingresos: “se destinarán a fortalecer la investigación universitaria” y “no se pueden desviar” a otros fines, marcando distancia de cualquier tentación de caja chica política.²

Además, Rago recuerda que el traspaso aún no está formalizado: faltan documentos definitivos y una auditoría independiente de la situación financiera y operativa.² En paralelo, denuncia una deuda cercana a 16 millones de dólares ligada a Abastos Bicentenario y cuestiona la legalidad de varios contratos firmados sin participación universitaria, aunque se declara dispuesto a mantener a los inversionistas que acepten renegociar bajo nuevas condiciones.²

Coincidencias y choque de fondo

Gobierno y UCV coinciden en el titular optimista: la Zona Rental vuelve a la universidad y sus ingresos deben apuntalar la investigación y reducir la dependencia del presupuesto estatal.¹² Pero divergen en el cierre del capítulo: para el Ejecutivo, el anuncio es punto final; para la UCV, apenas el inicio de una pugna por cobrar deudas, revisar contratos y blindar la autonomía financiera detrás de ese codiciado pedazo de ciudad.