El caso Kevin Acosta se ha convertido en el espejo incómodo de la salud y la justicia en Colombia: mientras un niño muere esperando un medicamento, el Estado se enfrenta a sí mismo por un documento que no puede ver.

Qué decidió la justicia

Tanto medios críticos como afines al Gobierno coinciden en el dato central: el Tribunal Superior de Bogotá confirmó que el Ministerio de Salud no podrá acceder ni a la historia clínica ni a la necropsia del menor, porque esos documentos están bajo reserva judicial dentro de una investigación penal en curso.¹³ La Sala Penal reiteró que el acceso “no opera de manera automática por la sola formulación de un derecho de petición”.³

Versión oposición: derrota política y cortina de humo

Desde la orilla opositora, el énfasis está en la derrota del MinSalud y en la sospecha de maniobra política. Se subraya que el tribunal “confirmó la decisión de un juez” de negar la tutela del Ministerio,¹ y se recuerda que la controversia estalló tras las declaraciones de Gustavo Petro, quien sugirió responsabilidad de la familia por dejar al niño montar bicicleta, pese a que llevaba dos meses sin el medicamento que la EPS debía suministrar.¹ Para estos medios, insistir en la necropsia lucía como intento de reescribir las causas de la muerte en lugar de asumir la negligencia del sistema.

Otra pieza clave para esta lectura: el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, respaldó el fallo y lanzó una crítica interna al Gobierno al afirmar que “nunca debió pedirse” el informe de necropsia.² Así, la oposición presenta el episodio como un autogol jurídico y político.

Versión afín al Gobierno: formalismo jurídico y responsabilidad de la EPS

En la versión más cercana al Ejecutivo, el foco se desplaza de la pugna política a la cadena de responsabilidades. Se destaca que, según la Procuraduría, la muerte del niño se debió a que la Nueva EPS dejó de entregarle los medicamentos, lo que incidió en el deterioro de su salud y posterior fallecimiento.³

Este relato contextualiza la tutela del MinSalud como una reacción a la preocupación del presidente Petro por un eventual intento de “ocultar” el informe de Medicina Legal,³ pero termina aceptando el argumento central del Tribunal: la reserva judicial protege la investigación de la Fiscalía y no puede romperse por vía de derecho de petición.³

En qué coinciden y en qué chocan

Todos coinciden en que el tribunal cerró la puerta al MinSalud y blindó la necropsia tras la muralla de la reserva sumarial.¹²³ También en que Kevin murió por falta de tratamiento oportuno para su hemofilia.¹³

Donde chocan es en el relato político: para la oposición, el Gobierno buscó un atajo para desviar culpas; para el discurso más oficialista, el fallo es una lección de procedimiento, mientras el verdadero escándalo sigue siendo una EPS que dejó a un niño hemofílico sin medicamento.