Familiares exasperados frente al Ministerio Público, flores blancas en mano, exigen la libertad de 78 detenidos del caso “PDVSA-Obrero”. Mientras el Gobierno intenta proyectar una narrativa de amnistías y control del contrabando, en la calle el relato es otro: presos enfermos, procesos opacos y justicia a cuentagotas.

Lo que dicen los familiares

Los manifestantes resumen su reclamo en una frase: “juicio y libertad” para todos los implicados, a quienes catalogan como presos políticos vinculados al caso PDVSA-Obrero.¹ No son altos gerentes ni figuras públicas, sino “obreros de bajo rango” y personas que ni siquiera pertenecen a la estatal petrolera, arrastradas por una causa de presunto contrabando y asociación para delinquir que sus familias niegan.²

Denuncian que, pese a liberaciones parciales, la suerte de los detenidos se decide casi “al azar”: primero salieron 51 mediante “medidas especiales” y luego otros 19, pero 78 siguen presos por la misma causa.² Entre ellos —subrayan— hay personas con hipertensión, diabetes, problemas cardiovasculares, cáncer y fallas renales, además de al menos seis mujeres aún detenidas.²

La narrativa oficial (por omisión)

En los medios alineados con el Gobierno, el énfasis está en las excarcelaciones enmarcadas en anuncios de amnistía y en la idea de una depuración necesaria dentro de PDVSA.² Sin embargo, la pieza clave falta: hasta ahora, las autoridades “no se han pronunciado” sobre las denuncias concretas de irregularidades, la ausencia de pruebas sólidas y el deterioro de salud de los reclusos.²

Aquí se traza el contraste central: mientras el discurso oficial se apoya en la imagen de un Estado que corrige excesos y castiga la corrupción, los familiares y activistas insisten en que se trata de un proceso arbitrario, incompleto y selectivo, donde la justicia —como las liberaciones— llega tarde, mal y para unos pocos.¹