A cinco días de las presidenciales, la campaña colombiana se juega en los juzgados tanto como en las urnas: Claudia López acusa al presidente Gustavo Petro de cruzar la línea entre jefe de Estado y jefe de campaña, mientras el Gobierno se defiende alegando que solo ejerce su derecho a opinar.

La narrativa de López: de candidata a víctima de “sicariato político”

Desde Cartagena, la exalcaldesa de Bogotá convirtió un acto institucional en un pliego de cargos. López asegura que enfrenta “ataques constantes del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro” contra su campaña¹. Formalizó una denuncia penal y disciplinaria “por abuso de poder, indebida participación en política y violencia política desde el Gobierno Nacional”².

La candidata habla de un “plan para difamar su candidatura” y califica la estrategia oficial como “un acto sistemático de difamación y de sicariato político contra mi candidatura”², al tiempo que señala a Petro como “el mayor factor perturbador” de las elecciones⁴. Su ofensiva incluye denuncia ante la Comisión de Acusaciones y solicitud de medidas cautelares ante la CIDH, para frenar lo que su equipo define como “una estrategia sistemática de descalificación desde la Presidencia de la República”³.

La lectura institucional y de Gobierno: opinión política o intervención indebida

En la vereda oficialista y de instituciones presentes en Cartagena, el movimiento de López se lee más como jugada táctica que como emergencia democrática. Aunque la candidata alega que “nadie ha hecho nada” frente a “una sistemática e indebida participación en política desde la cúspide del Poder Ejecutivo”¹, los artículos cercanos al Gobierno subrayan que Petro se ha limitado a dar opiniones en entrevistas y escenarios públicos, que ahora son reinterpretadas como violaciones a la ley electoral².

Mientras la oposición presenta la denuncia como una “ofensiva judicial contra Petro”³, el relato oficial se centra en cuestionar si realmente hay ruptura de garantías o, más bien, una candidata que convierte cada declaración presidencial en munición de campaña.

Coincidencias y choque frontal

Ambos bandos admiten lo obvio: el presidente está hablando de las elecciones. La fractura está en el verbo: para López es “intervenir” y “difamar”²; para el Gobierno es “opinar” en el marco del debate público. Lo que en un lado se presenta como defensa de la democracia, en el otro huele a victimización calculada.

En un clima donde las instituciones “mudas” de las que habla López² no terminan de arbitrar con claridad, la disputa ya logró algo: convertir a Petro, más que en presidente de turno, en tema central de la contienda.