История
июнь 30, 2026
Procuraduría pide a Superservicios aclarar plan de acción para Air-e
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la interventora de la empresa Air-e que detallen el plan de acción y los avances operacionales y financieros tras 19 meses de intervención administrativa. El ente de control expresó preocupación por la falta de resultados estructurales, presuntas irregularidades y la alta rotación de interventores.
La intervención de Air‑e, llamada a ser la tabla de salvación eléctrica de la Costa Caribe, se convirtió en un examen incómodo: la Procuraduría exige respuestas y la Superservicios está contra el reloj político y técnico.
Procuraduría: mucha intervención, poca hoja de ruta
Desde el Ministerio Público el mensaje es claro: 19 meses después, la intervención no muestra el libreto completo. La Procuraduría considera “poco claras e insuficientes” las respuestas enviadas por la Superservicios y reclama que no se haya detallado “las propuestas orientadas a evitar una eventual liquidación de la empresa” ni las razones de los constantes cambios de agentes especiales.1
Además, alerta por la falta de resultados estructurales que garanticen la viabilidad de Air‑e, la ausencia de estados financieros plenamente verificados y de informes de auditoría, así como “el aumento sostenido del pasivo comparativo y las presuntas irregularidades contractuales conocidas públicamente”.2 Para la Procuraduría, la alta rotación de interventores ya golpea la trazabilidad de la gestión y exige una hoja de ruta actualizada, mecanismos de empalme claros y un plan concreto para las deudas millonarias.2
Gobierno y Superservicios: entre el control y el costo político
Desde el ángulo institucional, el Gobierno y la Superservicios defienden la figura de la toma de posesión como herramienta legítima para rescatar una empresa que presta un servicio público esencial en tres departamentos de la Costa Caribe y que impacta a millones de usuarios y a toda la cadena eléctrica.1 El discurso oficial insiste en la necesidad de garantizar continuidad del servicio y estabilidad del sistema, mientras ajusta sobre la marcha los agentes interventores y los mecanismos de supervisión.
La tensión es evidente: la Procuraduría presiona por rigor técnico, transparencia contable y decisiones definitivas; la Superservicios intenta mostrar que la intervención aún es una apuesta de recuperación, no un preludio de liquidación. En medio, los usuarios siguen pagando la factura de un experimento regulatorio cuyo verdadero plan de acción sigue sin contarse del todo.