La imputación de Raúl Castro en una corte federal de Florida por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 no solo reabre un caso congelado 30 años: también parte en dos el relato sobre Cuba, la justicia y el uso político de los tribunales.

Washington endurece el guion

El Departamento de Justicia acusa a Castro de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y destrucción de aeronaves por el derribo de dos avionetas desarmadas en el estrecho de Florida, en el que murieron cuatro tripulantes.¹ La acusación, presentada en el Distrito Sur de Florida, lo señala como quien “ordenó” el ataque cuando era ministro de las Fuerzas Armadas.²

El fiscal interino Todd Blanche convirtió el anuncio en doctrina: el caso demuestra el compromiso de Trump con el principio de “si matas estadounidenses, te perseguiremos, no importa quién seas, no importa qué título tengas, y en este caso, no importa cuánto tiempo haya pasado”.³ La Casa Blanca amplificó el mensaje en X: el Departamento de Justicia imputa a Castro por conspiración para matar nacionales estadounidenses y “Estados Unidos y el presidente Trump no olvidarán a sus ciudadanos”.¹

Trump lo celebró como “un día muy grande y muy importante”, recordando el apoyo del electorado cubanoestadounidense en Florida y enmarcando el paso judicial dentro de su campaña de máxima presión, que incluye bloqueo petrolero y amenazas de “tomar el control” de la isla.⁴

Exilio: justicia y revancha

En Miami, la Torre de la Libertad se convirtió en tribunal moral. Líderes del exilio ovacionaron el anuncio como el fin de “la impunidad de los verdugos que Cuba ha sufrido durante 67 años”.⁵ La imputación se leyó como mensaje “demoledor para ese régimen y para ese pueblo que luchó tan duro por su libertad”.⁵

En redes, el tono fue aún más crudo: “Esperamos más de 67 años para ver este documento. Raúl Castro morirá en una cárcel de los Estados Unidos. Momento histórico”.² Otro mensaje subrayó la dimensión ejemplarizante del caso, al presentar la acusación como prueba de que “los estadounidenses no olvidan a sus ciudadanos”.³

Para sectores opositores latinoamericanos, que describen a Castro como “exdictador” y subrayan que los aviones fueron derribados en aguas internacionales, el expediente de Florida es un punto de quiebre que podría incluso habilitar operaciones de captura similares a la realizada contra Nicolás Maduro.⁶

La Habana contraataca el relato

Desde Cuba, la narrativa es diametralmente opuesta. El gobierno sostiene que las avionetas violaron su espacio aéreo y que actuó “en legítima defensa”, calificando a los pilotos de “terroristas”.⁷ Presenta la imputación como una “maniobra política sin sustento jurídico” destinada a justificar nuevas acciones contra la isla en plena crisis económica.⁷

La disputa central es geográfica y jurídica: mientras La Habana insiste en que el incidente ocurrió en aguas jurisdiccionales, la Organización de Aviación Civil Internacional dictaminó que el derribo se produjo en aguas internacionales, en violación del derecho internacional.⁸

¿Justicia universal o justicia selectiva?

En el papel, Castro enfrenta desde cinco años de cárcel por destrucción de aeronave hasta cadena perpetua o pena de muerte por los asesinatos.⁹ En la práctica, nadie en Washington explica aún cómo se haría efectiva una detención de un nonagenario atrincherado en un Estado que no reconoce la jurisdicción de la corte que lo acusa.

Entre un exilio que grita “se acabó la impunidad”⁵ y un gobierno cubano que denuncia injerencia, el caso Castro cristaliza una pregunta incómoda: ¿es este el triunfo de la memoria judicial o el último capítulo de una guerra fría que se niega a morir?