История
июнь 30, 2026

Обновлено июль 1, 2026

Familias de presos políticos exigen la destitución del ministro Julio García Zerpa

Familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos marcharon en silencio en Caracas para exigir la renuncia del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa. La protesta surge tras la muerte del detenido Víctor Quero Navas bajo custodia estatal y denuncia las condiciones inhumanas en las prisiones venezolanas.

Familiares de presos políticos, ONG y activistas llenaron Caracas de silencios y ataúdes de cartón. Del otro lado, el Ministerio de Servicios Penitenciarios insiste en que todo es “normalidad” y “humanización”. En el centro del choque: la muerte bajo custodia del preso político Víctor Quero Navas y la exigencia de destituir al ministro Julio García Zerpa.

La calle: “Ni un muerto más”

Los familiares marcharon desde Plaza Venezuela hasta el Ministerio, con las bocas tapadas con cinta negra y una enorme urna con los nombres de fallecidos bajo custodia. La consigna fue directa: “Ni un muerto más” y destitución inmediata de García Zerpa, señalado como “cómplice de la tortura y de la violencia”.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos convirtió la marcha en acusación colectiva: ya son 27 presos políticos muertos desde 2014 sin “justicia verdadera”. El gesto del silencio no fue solo simbólico: también denunció la opacidad oficial y los intentos de frenar el recorrido con comisiones de seguridad que pretendieron bloquear la movilización.

Las ONG: desmontar la “normalidad” oficial

El Observatorio Venezolano de Prisiones fue al hueso: pidió la renuncia de García Zerpa y acusó a su gestión de vender una imagen de “humanización y normalidad” opuesta a lo que ocurre dentro de las cárceles. Señaló el conflicto en Yare III, con cinco reclusos muertos, y cuestionó un discurso oficial que reduce los hechos a un “motín” entre “líderes negativos”, sin explicar causas de muerte ni heridos.

El contraste: versión oficial ausente

Mientras las familias denuncian torturas, falta de atención médica y desapariciones prolongadas —como la de Quero, reportado como desaparecido por 16 meses antes de confirmarse su muerte—, la respuesta institucional pública se limita a comunicados que niegan condiciones inhumanas y diluyen responsabilidades.

En la calle, el mensaje quedó claro: para las familias y las ONG, el problema ya no es solo el sistema penitenciario, sino el ministro que lo encabeza.

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