La imputación de Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate reabre un caso de hace 30 años, pero la batalla real se libra hoy: ¿justicia histórica o antesala de una confrontación mayor en el Caribe?

Washington y el exilio: justicia, castigo y mensaje regional

La justicia estadounidense acusa a Castro de conspiración para matar ciudadanos de EE. UU., cuatro cargos de asesinato y destrucción de aeronaves, por el derribo en 1996 de dos Cessna desarmadas en las que murieron cuatro aviadores de Hermanos al Rescate en aguas internacionales, según la OACI.¹ La acusación, presentada en Miami, eleva la presión sobre La Habana en plena crisis económica.²

Para el fiscal interino Todd Blanche, el caso es la materialización de una doctrina simple: “si matas estadounidenses, te perseguiremos, no importa quién seas, no importa qué título tengas, y en este caso, no importa cuánto tiempo haya pasado”.³ Congresistas republicanos lo venden como un “antes y un después” y un “día glorioso” que “traerá justicia” no sólo a las víctimas, sino “al pueblo cubano”.⁴ En línea, la Casa Blanca enfatiza que “Estados Unidos y el presidente Trump no olvidarán a sus ciudadanos”.Lesther Alemán (LestherLAleman)⁵

Trump se apunta el golpe político: califica la imputación como “un día muy grande y muy importante”⁶ mientras el Pentágono despliega el portaaviones nuclear USS Nimitz en el Caribe, endureciendo el cerco militar aunque el propio presidente niega una “escalada” y describe a Cuba como “un lugar que se cae a pedazos”.⁷

La Habana: agresión jurídica y épica revolucionaria

En el otro lado, el Gobierno cubano responde con furia. La acusación es “una acción política, sin ningún basamento jurídico, que sólo busca engrosar el argumentario para justificar el desatino de una agresión militar”, sentencia Miguel Díaz-Canel.⁸ Defiende a Castro como héroe cuya “altura ética y sentido humanista” desmienten las acusaciones, y asegura que Cuba actuó “en legítima defensa, dentro de sus aguas jurisdiccionales”, frente a una organización “narco-terrorista” y “connotados terroristas”, acusando a EE. UU. de “mentir y manipular” sobre el incidente.⁸

La Habana encuadra el expediente dentro de una larga historia de injerencia: desde el embargo hasta las nuevas sanciones petroleras, que han dejado a la isla prácticamente sin combustible.² Y denuncia que Washington utiliza selectivamente la extraterritorialidad mientras sus fuerzas militares cometen “ejecuciones extrajudiciales” en otros escenarios, sin rendir cuentas.⁸

Coincidencias y fracturas

Ambos bandos apelan al derecho internacional, pero desde trincheras opuestas: para Washington, el derribo fue un crimen contra civiles en aguas internacionales;¹ para Cuba, una acción defensiva en su jurisdicción.⁸ Los dos hablan en nombre del “pueblo cubano”, pero uno promete liberarlo de “sátrapas”⁴ mientras el otro denuncia un intento “ridículo” de menoscabar a su liderazgo histórico.⁸

En medio, las familias de las víctimas y el exilio celebran que “se acabó la impunidad para los verdugos”,⁹ mientras analistas advierten que Castro se suma a una lista de líderes latinoamericanos procesados en EE. UU., de Noriega a Maduro, donde la justicia y la geopolítica suelen viajar en el mismo expediente.¹⁰