El ataque al esquema de seguridad del senador Alexander López en plena Panamericana no solo dejó una camioneta rafagueada y vehículos robados: dejó al desnudo una pelea política por quién perdió el control del Cauca y de una de las vías más estratégicas del país.

Gobierno: disidencias, fallas militares y llamado a control permanente

Desde la orilla gubernamental, el relato es claro: fue un intento de secuestro ejecutado por disidencias ligadas al narcotráfico. El propio presidente Gustavo Petro denunció que “el carro blindado del senador Alexander López fue rafagueado por fusiles” y señaló directamente al grupo dirigido por Iván Mordisco y Marlon.¹ En esta versión, el hecho no es aislado sino parte de una escalada en un punto que ya había sido escenario de un atentado con 21 civiles muertos.

López, también del Pacto Histórico, remata el diagnóstico con reproche interno: afirma que en su recorrido “no vi que hubiese un control de la fuerza pública en la vía Panamericana” y que, pese a advertir al ministro de Defensa Pedro Sánchez, “de verdad no tomó ningún tipo de medida”.² Paralelamente, autoridades locales alertan que los grupos armados ya se mueven en camionetas oficiales robadas: “estos bandidos [se están] movilizando en los vehículos de la UNP”.³

Oposición: misma balacera, otra lectura política

La prensa cercana a la oposición recoge los mismos disparos, pero subraya otra arista: la impotencia del Estado. El episodio se describe como un intento de secuestro en el que la camioneta del esquema de López fue baleada, un escolta fue retenido y golpeado durante varios minutos y una de las camionetas fue robada, aunque sin heridos graves.⁴ El énfasis está en la “creciente violencia en la región y la falta de seguridad en la Panamericana”,⁴ presentado como síntoma de un gobierno que denuncia en X, pero no logra asegurar la carretera.

Coincidencias incómodas

Ambos bandos coinciden en lo esencial: disidencias fortalecidas, una vía sin control y esquemas oficiales convertidos en botín. La diferencia está en la carga de la culpa: para el gobierno, es una falla que debe corregir la Fuerza Pública; para la oposición, una prueba más de que el Estado, bajo Petro, va cediendo terreno a los fusiles.