El pulso ya no es solo en las urnas, sino sobre quién se apropia de la patria como marca. Un tribunal quiere sacar la bandera y el lema del tarjetón simbólico de Abelardo de la Espriella; la campaña responde que lo que le están bajando no es un pendón, sino la voz.

El fallo: patria, pero sin banderas

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó a De la Espriella retirar en 24 horas toda propaganda con la bandera, el escudo, alusiones a Fuerzas Militares y Policía, así como las frases “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”, al considerar que ese uso “desconoce la libertad electoral” y puede presentar como desleales al país a quienes no lo apoyen.¹ La medida es provisional, mientras se estudia de fondo la tutela presentada por el ciudadano Dylan Lizarazo Ramos, pero ya opera como un freno inmediato a la narrativa central de la campaña.²

Desde otra orilla, análisis afines al fallo recuerdan que la legislación electoral y la jurisprudencia constitucional prohíben usar símbolos patrios en campaña para evitar ventajas indebidas y garantizar un voto libre.³

La contraofensiva de Abelardo: censura y “grito de libertad”

De la Espriella respondió en plaza pública, denunciando que “un magistrado nos ha prohibido decir ‘Firme por la Patria’” y llamando a que “cada celular, cada camiseta de la selección que usen, cada video que suban diciendo firme por la patria es un grito de libertad”.⁴ Su campaña habla de un intento de “silenciar a millones de colombianos” y llama a inundar las redes con los emblemas prohibidos mientras libra la batalla jurídica.⁵

La columna de opinión que respalda al candidato eleva el tono: no sería una simple disputa sobre imágenes, sino una decisión que “abre un profundo debate constitucional sobre la libertad, la identidad política y los límites de la intervención judicial en medio de un proceso electoral”, adoptada además a días de una elección decisiva.⁶

Choque institucional: juez vs. campaña

La defensa de De la Espriella contraatacó con una tutela propia para revertir la orden y anunció denuncias penales y disciplinarias contra el magistrado.⁷ Sostiene que expresiones como “Firmes por la Patria” son parte de la identidad pública del movimiento y de su recordación ante el electorado, no un abuso del símbolo nacional.⁸

Así, mientras el tribunal dice defender la neutralidad del Estado frente a la contienda, la campaña se presenta como víctima de un intervencionismo judicial que “silencia un emblema, pero nunca una voz”.⁹ El trasfondo es claro: quién tiene hoy el derecho —y el poder— de hablar en nombre de la patria.