História
junho 30, 2026
Motín en cárcel de Barinas por denuncias de tortura
Cientos de reclusos del Internado Judicial de Barinas (INJUBA), en Venezuela, se amotinaron para denunciar torturas y malos tratos por parte de la nueva administración del penal. Tras la protesta, el director de la cárcel fue destituido, se realizaron traslados de internos y la Defensoría del Pueblo envió una comisión para investigar los hechos y mediar en el conflicto.
Un mismo motín, dos relatos en choque: en el Internado Judicial de Barinas, los reclusos hablan de torturas sistemáticas; el Estado responde con destituciones, traslados y comisiones “garantes” de derechos humanos.
Los presos y sus familias: del “diablo” a la incertidumbre
Según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la rebelión del domingo fue la respuesta directa a “golpizas y torturas” asociadas a la llegada del director Elvis Macuare Guerrero, cuya gestión de apenas una semana desató quema de colchones, pancartas de “SOS” y “No más tortura” y la participación de unos 1.200 hombres y más de 100 mujeres en protesta.1 La AFP recoge testimonios de familiares que aseguran que los reos eran “torturados y golpeados” y denuncian hacinamiento extremo en un penal con capacidad para 450 personas y más de 1.300 internos.2
Mientras tanto, afuera, “familias siguen sin acceso a la verdad” sobre los traslados masivos en autobuses, muchos con cortinas cerradas para impedir que se vea a los presos, según Runrun.es.3 La ONG OVP alerta sobre requisas violentas, destrucción de pertenencias y restricciones a alimentos y medicinas, mientras exige justicia, reparación y garantías de no repetición.3
El relato oficial: control, mediación y comisiones
Del lado institucional, el foco está en el control del daño. Medios reseñan la destitución “fulminante” de Macuare tras la violenta rebelión y una ola de traslados masivos como respuesta inmediata al motín.1 La Defensoría del Pueblo reivindica su papel como garante de derechos humanos al informar que desplegó una comisión en el INJUBA para “verificar la integridad física de la población reclusa” y “escuchar directamente sus solicitudes y demandas”.4
En la misma línea, la institución anunció que “garantizará el acompañamiento y mediación necesaria” y actuará como “facilitador de canales de comunicación” entre internos y autoridades para mantener la paz en el recinto.5 El Ministerio Público, por su parte, designó la Fiscalía 49° Nacional en materia de derechos humanos para “investigar, determinar lo sucedido” y esclarecer las causas del motín.5
Coincidencias incómodas
Ambos relatos reconocen un hecho clave: la crisis fue lo bastante grave como para tumbar a un director y activar a la Defensoría y al Ministerio Público. La diferencia es el énfasis: mientras el discurso oficial habla de mediación y paz, las familias siguen esperando algo más básico y explosivo en un sistema penitenciario crónicamente desbordado: verdad.