La campaña electoral en Colombia se juega ahora también en los estrados: la Comisión de Investigación y Acusación abrió una investigación penal contra Gustavo Petro por presunta participación en política. El mismo episodio que el Gobierno presenta como “análisis” es descrito por la oposición como un uso descarado del Estado como máquina electoral.

Oposición: Petro, presidente–jefe de campaña

Para los críticos, el caso Cepeda es la prueba reina. Preguntan “¿por qué no sancionan a Petro por hacerle campaña a Cepeda?” al celebrar en X las multitudes del candidato oficialista en Barranquilla y lanzar mensajes como “Viva el Caribe libertario” en plena recta final electoral.¹ Editorialistas hablan de “el abuso del poder en elecciones” y acusan al Gobierno de convertir a Icetex, Colombia Mayor y hasta los peajes en engranajes de una “maquinaria electoral” prohibida por el artículo 127 de la Constitución.²

Varios medios destacan que la Comisión abrió de oficio una investigación penal por intervención en política sustentada en el artículo 422 del Código Penal, tras las “últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales” de Petro sobre los comicios y en apoyo a Iván Cepeda.³⁴ Otros recuerdan que la Comisión es apodada la “Comisión de Absoluciones”, sugiriendo que el riesgo jurídico es bajo pero el mensaje político es contundente: un presidente “desbordado que toma decisiones y viola la ley para no soltar el poder”.⁵

Gobierno: análisis político, no delito

Desde la Casa de Nariño, la línea es otra. El ministro del Interior, Armando Benedetti, sostiene que “el Gobierno dice que no ha habido participación en política” y que Petro “lo único que ha hecho es hablar” y hacer “un análisis de algunos espectros políticos como lo es el centro, la derecha y la izquierda”, no pedir votos para un candidato.⁶

Medios más cercanos al Gobierno subrayan que la apertura de la investigación describe genéricamente “declaraciones y publicaciones en redes sociales”, recordando que la ley prohíbe la participación política de funcionarios pero sin adelantar juicios sobre culpabilidad.⁷ Otros ponen el foco en el desenlace jurídico: la Comisión ya lleva dos procesos contra Petro –penal y disciplinario– que pueden terminar en archivo o sanción, mientras la Procuraduría avanza en indagaciones y suspensiones a otros funcionarios por hechos similares.⁸

Entre una oposición que ve un plan para “amañar una elección”² y un Gobierno que reduce todo a comentarios de coyuntura, la verdadera batalla es por el relato: ¿presidente analista o jefe de campaña en Palacio?