História
junho 30, 2026
Protestas en cárcel de Barinas por presuntos abusos; destituyen al director
Reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba) protestaron subiendo a los techos y quemando colchonetas para exigir la destitución del director Elvis Macuare Guerrero, por presuntos malos tratos y requisas violentas. Tras los disturbios, que incluyeron detonaciones y uso de gases lacrimógenos, las autoridades destituyeron al director y tanto el Ministerio Público como la Defensoría del Pueblo iniciaron investigaciones.
Un motín con colchonetas en llamas y presos en los techos terminó con la caída fulminante del director del Internado Judicial de Barinas, pero dejó intacta la desconfianza sobre un sistema penitenciario acusado de torturas y opacidad.
Los reclusos: protesta contra “el diablo” del penal
Los internos tomaron los techos del Injuba y exigieron la destitución del recién nombrado director Elvis Macuare, en medio de denuncias de requisas violentas, destrucción de pertenencias, golpizas y torturas.1 En cuestión de días, la cárcel “tranquila” se convirtió en escenario de una rebelión masiva: unos 1.200 hombres y más de cien mujeres se levantaron contra “brutales castigos físicos” atribuidos a la nueva administración.2
ONG como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportaron que los presos protestaban pacíficamente cuando funcionarios —presuntamente junto a Macuare— habrían disparado contra la población penitenciaria, dejando heridos y más de 120 internos castigados en celdas de aislamiento.3 El clamor quedó resumido en pancartas con “SOS” y “No más tortura”.2
Las familias: miedo, traslados y silencio oficial
Mientras adentro sonaban detonaciones y gases lacrimógenos afectaban incluso al anexo femenino,3 afuera las familias denunciaban “zozobra”, falta de información y el riesgo de no poder seguir visitando a sus allegados si eran trasladados a otros estados.4 Autobuses repletos de reclusos salieron del penal; a algunos les ordenaron cerrar ventanas y bajar cortinas para que nadie viera los movimientos.5
“Las familias siguen sin acceso a la verdad, justicia ni responsables plenamente identificados”, advirtió OVP, reclamando listados claros de trasladados y destinos.5
El Estado: reacción tardía y control del relato
Bajo presión, el Ministerio Público designó la Fiscalía 49 Nacional de derechos humanos, reivindicando su papel de garante y alegando presencia fiscal “desde el primer momento” para mediar en el conflicto.6 La Defensoría del Pueblo, por su parte, exhibió su despliegue como verificación de la “integridad física” de los presos y mediación para una salida pacífica.7
La fulminante destitución de Macuare,2 anunciada tras días de denuncias públicas y presión de ONG como Provea, que exigió “actuación inmediata” para resguardar la vida de los internos,8 confirma que algo estaba muy mal. Pero los traslados masivos sin transparencia y el historial previo de motines mortales, como el de Yare,3 apuntan a un problema más profundo: un sistema que responde a la crisis con parches, y a los gritos de auxilio con autobuses en la noche.