La denuncia de que una presa política venezolana fue sometida a una violación colectiva por decenas de custodios estalló justo cuando el Gobierno promete excarcelaciones y gestos de “apertura”. El caso de Yanín Pernía obliga a preguntar si el sistema penitenciario cambia… o simplemente maquilla el horror.

Lo que dicen las ONG

El Observatorio Venezolano de Prisiones y Provea coinciden en el diagnóstico: la denuncia es tan extrema que exige una respuesta inmediata del Estado. Ambas organizaciones piden al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo “levantar una investigación de oficio” por los presuntos abusos sexuales, torturas y tratos crueles contra Pernía, cometidos por funcionarios policiales en centros como la DGCIM y el INOF.¹

Según el relato de su suegra, la presa política habría sido agredida sexualmente por unos 30 custodios, que incluso habrían utilizado sus armas reglamentarias para humillarla y torturarla.² OVP detalla que a Pernía la “amarraron en ropa interior y le pasaron las armas por sus partes íntimas” durante su detención en 2018.¹

La versión oficial, entre el silencio y la pose investigativa

Tras la denuncia, funcionarios del Ministerio del Servicio Penitenciario entrevistaron a Pernía durante unas cinco horas y prometieron investigar.¹ Pero hasta ahora no hay anuncio de imputados ni de una investigación formal transparente.

Mientras tanto, el poder político mueve otra ficha: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habló de la posible excarcelación de unas 300 personas “en las próximas horas”, en el marco de una revisión de casos de presos políticos.²

Coincidencias e incómodas diferencias

ONG y familiares coinciden en algo fundamental: el ataque a Pernía no sería un exceso aislado, sino la expresión brutal de un patrón de tortura sexual contra presos políticos.³ El Gobierno, en cambio, intenta proyectar imagen de control institucional: promete investigaciones y liberaciones selectivas, pero evita asumir responsabilidad estructural.

En el caso Yanín Pernía, la verdadera disputa no es solo sobre lo que ocurrió entre muros y rejas, sino sobre quién controla el relato: las víctimas y defensores de derechos humanos, o un Estado que insiste en hablar de justicia sin tocar la impunidad.