Las cámaras que se vendieron como “salvavidas” hoy tienen al Estado, a los alcaldes y a millones de conductores en un choque frontal: ¿eran herramienta de seguridad vial o simple caja registradora en rojo?

Gobierno: de las “cámaras trampa” al reembolso masivo

Desde la Casa de Nariño la narrativa es clara: se está enderezando un sistema torcido. La Superintendencia y el Ministerio de Transporte investigan a 37 organismos de tránsito; más de 5,8 millones de comparendos podrían quedar sin validez y ser “revocados de oficio”, con un potencial beneficio para 1,4 millones de ciudadanos.¹ El mensaje oficial es que las fotomultas “bajo la lupa” deben cumplir estrictos requisitos técnicos y de metrología para ser legales.²

En clave pedagógica, Supertransporte convirtió el escándalo en guía práctica: “Ojo, conductores: Supertransporte explica cómo reclamar dinero de fotomultas ilegales”, detallando derechos de petición, tutelas y demandas para exigir devoluciones por más de $1,05 billones ya recaudados.³

Alcaldes y oposición: entre el daño reputacional y la defensa política

Los gobiernos locales, en cambio, se ven en el banquillo. Cali encabeza el listado con 2,3 millones de fotomultas bajo revisión; le siguen Medellín y Popayán, junto con Bogotá, Barranquilla y varios municipios intermedios.⁴ Para sectores críticos y autoridades regionales, el Gobierno está extendiendo una sombra general de sospecha.

En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez marcó distancia: “señalizamos todas las cámaras para que dejaran de ser cámaras trampa” y afirmó que no busca “la plata de la gente” sino que “cuiden su vida”, mientras advierte que aún no han sido notificados formalmente y que primero revisará si hubo irregularidades reales.⁵

¿Revocatoria automática o vía papeleo?

Aquí aparece la mayor grieta. Mientras una línea informativa insiste en que los conductores no tendrán que hacer ningún trámite porque la revocatoria será automática por parte de los organismos de tránsito,⁶ la Superintendencia, en otras versiones, recalca que quienes ya pagaron deberán adelantar procesos individuales para recuperar su dinero.³

En el papel, la “ley Julián Esteban” promete castigar a los organismos que abusaron de las fotomultas. En la calle, conductores y alcaldes se preparan para una larga batalla de resoluciones, tutelas y reclamos… y para saber si esas cámaras eran realmente por la vida, o por la caja.