La Corte Constitucional colombiana puso fin a la ambigüedad: vacunar a los hijos ya no es una opción discrecional de los padres, sino una obligación respaldada por la Constitución y la ciencia. El choque entre libertad de conciencia y salud pública quedó resuelto a favor de los menores.

Qué decidió la Corte

Tanto medios críticos como cercanos al Gobierno coinciden en que la sentencia T‑108 de 2026 marca un antes y un después. El Colombiano la describe como “un fallo trascendental para la salud pública colombiana” que ratifica que “el interés superior de los niños, niñas y adolescentes prevalece frente a la negativa de los padres a aplicar el esquema de vacunación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)”¹.

Portafolio, en la misma línea, resume el núcleo del fallo: “el interés superior de los niños prevalece frente a la oposición de los padres a aplicar el esquema de vacunación infantil Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)” y recuerda que la patria potestad no otorga una “facultad absoluta” para decisiones que comprometan la vida o la salud de los hijos².

Gobierno vs. oposición: matices más que ruptura

Desde una mirada más alineada con el Gobierno, Portafolio subraya el respaldo técnico: el PAI es “una política pública permanente de prevención en salud, sustentada en evidencia científica robusta” y diseñada para proteger tanto al niño como a la “inmunidad colectiva”². El mensaje: esto no es ideología, es salud pública.

El enfoque opositor resalta el límite a los padres “antivacunas” y cómo la Corte dejó claro que derechos como la libertad de conciencia y la objeción de conciencia “no son absolutos” cuando chocan con la salud y la vida de los menores¹. Pero también admite que el tribunal recogió la preocupación de la madre por los riesgos médicos y ordenó una valoración integral para determinar la viabilidad de las vacunas¹.

El nuevo terreno de juego

El contraste, en el fondo, no es sobre el fallo —que ambos lados reconocen como contundente— sino sobre el relato: ¿triunfo de la ciencia frente al negacionismo, o advertencia sobre hasta dónde llega el poder del Estado en el hogar? Lo único indiscutible es que, desde ahora, negarse a vacunar ya no es solo una opinión: es un problema jurídico.