La Corte Constitucional de Colombia puso la patria potestad contra las cuerdas: vacunación infantil obligatoria y cuota alimentaria como violencia económica. Dos sentencias que reordenan la vida privada… desde el estrado.

Vacunas: ¿derecho de los niños o límite a los padres?

Los medios alineados con el Gobierno subrayan el mensaje de salud pública. La Corte precisó que “el interés superior de los niños prevalece frente a la oposición de los padres a aplicar el esquema de vacunación infantil Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI)” y que la patria potestad no es una “facultad absoluta” para poner en riesgo su vida o salud.¹ Para este enfoque, la decisión refuerza una política “sustentada en evidencia científica robusta” y pensada para garantizar inmunidad colectiva.¹

Desde la orilla crítica, se habla de un fallo “trascendental” que, aunque protege a los menores, “pone límites a padres antivacunas”.² Se enfatiza que la Corte declaró que la libertad de conciencia y la objeción de conciencia “no son absolutos” y que los padres no pueden tomar decisiones que pongan en riesgo la salud o vida de sus hijos, incluso cuando se apoyen en fichas técnicas y advertencias de los fabricantes.²

Cuota alimentaria: de deuda privada a violencia de género

En materia económica y de género, la oposición resalta la dureza del diagnóstico: negarse a pagar la cuota alimentaria “constituye violencia económica y violencia de género”, que afecta tanto a la madre como a los hijos y perpetúa “pobreza estructural”.³ La Corte advierte que no es solo una infracción, sino una “manifestación estructural y profunda de violencia económica” con impactos diferenciados sobre quien cuida, casi siempre la madre.³

Mientras unos ven intervencionismo judicial en la esfera familiar, otros leen un mensaje claro: los derechos de los niños y de las mujeres ya no son negociables bajo el escudo de la autonomía privada.