La Ley de Rescate Económico pone sobre la mesa una tensión de fondo: la necesidad estatal de ampliar el recaudo frente al costo de desmontar incentivos para una tecnología que aún busca masificarse. El proyecto eliminaría la tarifa diferencial del 5% y llevaría al 19% el IVA de vehículos eléctricos e híbridos, así como de bienes asociados a la transición energética.¹

Para Aconauto, la cuenta no cierra. El gremio estima que un vehículo de $100 millones podría pasar a $114 millones y advierte que el golpe se trasladaría de inmediato a compradores que dependen de crédito. Su pregunta resume la objeción: “¿Usted compraría un vehículo que hoy vale 100 millones de pesos y mañana 114 millones?”.²

La diferencia no es menor: mientras la iniciativa busca unificar la carga tributaria de los automotores electrificados con la de los vehículos de combustión, los concesionarios defienden que el beneficio fiscal es una herramienta de expansión del mercado, no un privilegio prescindible. Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, calificó la propuesta de “al menos contradictorio” en un país que dice priorizar el crecimiento y, a la vez, grava los vehículos que impulsan la renovación del parque automotor.²

El gremio proyecta que el alza podría contraer cerca de 40% las ventas: de unas 355.000 unidades previstas para 2026 a alrededor de 200.000. Su tesis es que menos compras no solo retrasarían el reemplazo de vehículos con más de 20 años de uso, sino que también podrían reducir el recaudo que se busca reforzar.¹

Aconauto propone el camino inverso: menos cargas y más volumen. “El camino constructivo es el del fomento al crecimiento del mercado porque a mayores ventas es como se logra el mayor recaudo, no al contrario”, sostuvo en su carta al Ministerio de Hacienda.¹ El Congreso deberá decidir si la urgencia fiscal justifica encarecer una transición que el propio mercado venía acelerando.