Storia
giugno 30, 2026

Aggiornato il luglio 1, 2026

Juez ordena al presidente Petro abstenerse de intervenir en política

Un juzgado de Medellín emitió una medida provisional que ordena al presidente de Colombia, Gustavo Petro, abstenerse de usar su investidura y sus redes sociales, como X, para hacer propaganda electoral o hablar de fraude sin pruebas. Tras la decisión, el mandatario denunció el acto como un intento de "censura" que limita su derecho a comunicarse con la ciudadanía.

Un juez le puso freno a la voz digital de Gustavo Petro justo en la recta final de la campaña, y el presidente respondió denunciando censura. La batalla ya no es solo por los votos, sino por quién marca la cancha de la conversación política en redes.

Por un lado, el fallo. El Juzgado 29 Laboral de Medellín le ordenó a Petro “abstenerse de utilizar su cuenta personal de X… así como cualquier recurso, bien o plataforma vinculada a su cargo, para difundir propaganda electoral o mensajes que beneficien o afecten a los candidatos presidenciales”. La medida, de carácter provisional dentro de una tutela, también le prohíbe usar alocuciones oficiales, eventos públicos o escenarios nacionales e internacionales para influir en la contienda y hablar de fraude sin pruebas.

La narrativa opositora celebra el fallo como un cortocircuito necesario entre presidencia y campaña. Señala que el mandatario, tras la primera vuelta y hasta el 31 de mayo, usó X para “desconocer lo que arrojaron las urnas” y publicar mensajes que evidenciarían una “participación presuntamente en política”. Para ese sector, las capturas de pantalla y notas de prensa incorporadas a la tutela “demostrarían cómo el mandatario ha hecho alusiones a la campaña electoral” en abierta violación de la neutralidad que se exige al jefe de Estado.

Del otro lado, el gobierno enmarca la decisión como un intento de silenciar al presidente. Petro sostiene que la orden de “abstenerse de usar su cuenta de X para hacer propaganda electoral” y de hablar de fraude sin pruebas equivale a un acto de “censura” que “calla a un presidente de la República elegido por voto popular”. Anunció acciones legales contra los jueces y acusa incluso a la CRC de utilizar restricciones con fines políticos, advirtiendo que el verdadero debate es “el alcance que pueden tener las redes sociales de un presidente” como canal para dirigirse directamente a sus seguidores y a la ciudadanía.

Entre la “apariencia de buen derecho” que vio la juez para actuar de urgencia y la denuncia de censura de la Casa de Nariño, Colombia entra a la segunda vuelta discutiendo no solo quién gobernará, sino cuánto puede opinar un presidente en plena campaña.