La muerte de “Niño Guerrero” cerró un capítulo del Tren de Aragua, pero abrió otro mucho más incómodo: ¿fue un golpe contra el crimen o una carta blanca para el intervencionismo y el negocio minero?

Washington y Caracas: alianza “antiterrorista” y minería en el horizonte

Para Estados Unidos, el operativo es modelo de su nueva guerra contra las drogas. El ataque aéreo que mató a Héctor Rusthenford Guerrero Flores “refleja un giro estratégico” de Donald Trump hacia una implicación directa, con la mira puesta también en “obtener acceso al lucrativo sector minero de Venezuela”.¹ El secretario de Guerra, Pete Hegseth, presume que Caracas “invitó a nuestro Ejército a entrar” para localizar y “asesinar” al líder del Tren de Aragua, tratado como a “ISIS y Al Qaeda”.²

La cooperación se vende como alianza ejemplar: Hegseth la califica como “un hecho de gran relevancia estratégica” y subraya que se trató al Tren de Aragua como “organización terrorista extranjera”.³ Bloomberg va más allá: la “neutralización” de Niño Guerrero “abre un escenario de expectativas para el sector minero”, justo cuando Caracas y Washington quieren reabrir el sector a capitales internacionales y “erradicar la extracción ilícita”.⁴

Crítica interna: ejecución sumaria y cesión de soberanía

El Partido Comunista de Venezuela pone el freno de mano: califica el hecho como “ejecución sumaria” y “violación de la soberanía venezolana y de subordinación” del Gobierno a Estados Unidos.⁵ Advierte que “detrás de este tipo de intervenciones” suelen avanzar intereses ligados al control de minerales, especialmente en Bolívar, donde temen que operaciones extranjeras “afianzen el control de corporaciones transnacionales interesadas en la expoliación”.⁵

ONGs como Provea se sitúan en un punto intermedio, pero incómodo para el poder: exigen “transparencia absoluta” sobre el operativo, al que ven como “presunta clara violación de la soberanía” y posible “ejecución extrajudicial”.⁶ Reclaman el número real de muertos, heridos y detenidos y recuerdan que en el sur, rico en oro, el Estado “abandonó sus responsabilidades” y dejó que mandaran las economías criminales.⁶ En otro comunicado insisten en que la lucha contra el crimen no puede derivar en “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles”.⁷

Mientras tanto, el Gobierno intenta mostrar rostro social en la misma zona: tras confirmar la “neutralización” de Niño Guerrero en una operación conjunta con EE. UU.,⁸ anunció una Oficina de Atención al Minero en Las Claritas para “atender a los mineros afectados por recientes conflictos” y promover “minería responsable”.⁸

¿Golpe definitivo al Tren de Aragua? No tan rápido

Si la narrativa oficial habla de “fin de una era” criminal,⁹ desde Chile el fiscal Héctor Barros enfría el triunfalismo: “El Tren de Aragua va a seguir funcionando igual”, advierte, subrayando que la estructura no depende de un solo líder y que él habría preferido capturarlo y llevarlo ante los tribunales.¹⁰

Entre el relato de victoria antiterrorista, las alertas por soberanía y derechos humanos y la expectativa de negocios mineros, la muerte de Niño Guerrero parece menos un punto final y más el primer párrafo de un nuevo reparto de poder en el Arco Minero del Orinoco.⁴