Petro apuesta todo a la liquidación de Air-e en la Costa Caribe, mientras gremios y veedurías gritan “apagón” y “ilegalidad”. El pulso ya no es solo por una empresa quebrada, sino por quién cargará con la culpa si la luz se apaga en tres departamentos.

El relato del Gobierno: cirugía mayor para un modelo agotado

Desde la Casa de Nariño, el mensaje es claro: la intervención fracasó y la solución es borrar y empezar de nuevo. Petro anunció que “su decisión es liquidar Air-e” para que sus activos se integren en “una empresa común con otra empresa pública caribeña”, tras casi dos años de intervención y una millonaria deuda acumulada.¹ La narrativa oficial: una reestructuración estatal para “fortalecer” el sistema eléctrico regional y salir del atolladero financiero.²

En paralelo, el Gobierno se escuda en los informes de la Contraloría que han advertido sobre la “descapitalización progresiva” y la inviabilidad económica de Air-e si todo sigue igual.³

La oposición y los gremios: la receta es el apagón

Del otro lado, gremios y opositores ven una bomba de tiempo. Para Andeg, “liquidar Air-e es irresponsable, ilegal y con tintes políticos”, una jugada que, al iniciar el proceso, impediría a la compañía seguir prestando el servicio, comprar energía o facturar: en la práctica, “apagar la luz a 1,3 millones de hogares del Caribe”.⁴ Portafolio resume el clima: la eventual liquidación “dispara los temores de un apagón ante la llegada del fenómeno de El Niño”.⁵

La Veeduría Ciudadana habla de un acto “irresponsable, imprudente y que carece de sustento jurídico”, y acusa al propio Gobierno de ser el responsable del deterioro y de una deuda que ya supera los $2,5 billones con generadores y transmisores.⁶

Coincidencias incómodas: todos ven riesgo, nadie tiene plan

Curiosamente, gobierno y críticos coinciden en el diagnóstico: Air-e es inviable tal como está. Pero mientras Petro vende la liquidación como salida ordenada,¹ los gremios advierten que hoy no existe un “operador de reemplazo” ni músculo financiero suficiente para asumir una empresa que pierde hasta 200.000 millones al mes.⁴

Y el frente externo ya empezó a pasar factura: Termocandelaria inició un arbitraje internacional ante el Ciadi, alegando medidas que han impedido una remuneración adecuada por la energía suministrada a Air-e y reclamando más de US$198 millones.⁷

En resumen: Petro promete luz pública y barata desde una nueva empresa; sus críticos pronostican oscuridad, demandas y un hueco fiscal histórico. La Costa Caribe, otra vez, queda en el medio.