La compra de 17 aviones de combate Gripen, presentada por el Gobierno como salto tecnológico y ahorro a largo plazo, se convirtió en posible bomba política: ahora el propio presidente Gustavo Petro está bajo la lupa penal por presunto sobrecosto.

Dos relatos sobre el mismo contrato

Desde la orilla cercana al Gobierno, la narrativa es de modernización inevitable y decisión técnica. Se recuerda que los viejos Kfir ya cumplieron su vida útil y que, tras analizar durante meses las ofertas de Suecia (Gripen), Francia (Rafale) y Estados Unidos (F-16), se optó por los Gripen por capacidades, costo/beneficio y proyectos paralelos.¹ El paquete incluye 15 Gripen E y 2 F, armamento moderno, un centro de entrenamiento avanzado y un supuesto ahorro del 18 % en costos de operación, por un total de 3.135 millones de euros (unos 16,5 billones de pesos).¹

En ese libreto, se trata de una compra “estratégica” a 40 años vista, defendida como resultado de un proceso técnico y no de un capricho presidencial.

La versión de la oposición: ¿negocio inflado?

El otro relato es diametralmente opuesto: la Comisión de Investigación y Acusación abrió indagación previa contra Petro por presuntas irregularidades en la adquisición de los mismos 17 Gripen, una operación superior a los 16 billones de pesos.² La denuncia penal habla de posibles delitos como interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y fraude procesal.²

El corazón de la acusación es el presunto sobrecosto: Colombia habría pagado alrededor de 213 millones de dólares por avión, un 55 % más que los 137 millones atribuidos a Tailandia por aeronave.² La Comisión, presidida por Gloria Elena Arizabaleta, ordenó pruebas fuertes: compulsar copias a la Fiscalía para investigar incluso a la primera dama, Verónica Alcocer, y pedir a Procuraduría y Contraloría los expedientes disciplinarios y fiscales ya en marcha.²

Coincidencias incómodas

Ambos bandos coinciden en algo: el negocio es enorme, complejo y de largo plazo. La diferencia es si se trata de una apuesta estratégica o de un contrato inflado que podría arrastrar al Gobierno –y a la familia presidencial– a un nuevo huracán judicial.