Promigas se adelantó en la carrera verde regional: entró a Chile comprando Zelestra Latam y sumando miles de megavatios solares. El negocio, celebrado como jugada estratégica empresarial, abrió al mismo tiempo un flanco político que salpica a Ecopetrol y al gobierno Petro.

La lectura oficialista: oportunidad perdida para Ecopetrol

En la orilla cercana al Gobierno, la operación de Promigas es casi un reproche público a la petrolera estatal. Mientras se destaca que la compañía “completa la adquisición total de Zelestra Latam, una empresa dedicada a la generación de energías renovables con presencia en Colombia, Chile y Perú”¹, el foco se desplaza rápidamente hacia Ecopetrol.

El propio titular lo resume como un “jalón de orejas de Petro a Ecopetrol por negocio de energía renovable que Promigas cerró en Chile”², subrayando que fue un privado, y no la empresa bandera del Estado, quien aseguró un portafolio de 1.273 MW en operación y construcción, más un pipeline de 2.250 MW¹. Para este bloque, la compra encaja perfecto en el relato de transición energética… pero con un protagonista incómodo para la narrativa oficial: Promigas.

La mirada crítica: triunfo corporativo, no de política pública

Desde la oposición y sectores más escépticos, el énfasis cambia. Aquí el relato es corporativo, no gubernamental. Se presenta a Zelestra como “una de las principales plataformas de generación de energías renovables de América Latina”³ y se recalca que la movida permite a Promigas pasar de 170 MW a “un portafolio superior a 3.500 MW en la región”³.

Más que regaño a Ecopetrol, se ve un mensaje: el mercado se está moviendo solo. Promigas “compra Zelestra Latam y entra a Chile con una apuesta de 3.500 MW en energías renovables”⁴, consolidándose como holding multienergético³, mientras el Estado corre detrás, reaccionando por redes sociales.

Coincidencias y ruptura

Ambos relatos coinciden en algo: la jugada es grande, regional y empuja la transición energética. Pero divergen en el protagonista político. Para el entorno gubernamental, es una bofetada a Ecopetrol; para la oposición, la evidencia de que el músculo privado está marcando la pauta mientras el Gobierno se queda en el discurso.