En el páramo de La Ensillada, Silvia (Cauca), un antiguo conflicto territorial entre pueblos indígenas terminó en una batalla campal: siete muertos, más de un centenar de heridos y un gobierno obligado a intervenir tras llegar tarde a una pelea anunciada.

Dos relatos del mismo territorio

Desde la oposición, el foco no está solo en las 800–900 hectáreas en disputa, sino en cómo este estallido “no se veía desde hace años” y revela el desborde de las tensiones internas sin que el Estado reaccionara a tiempo.¹ El relato subraya que la confrontación empezó bajo “sistemas de autoridad y justicia propia” y terminó en fuego cruzado: seis muertos —cuatro Misak y dos Nasa— y 66 heridos en un solo día.¹

La orilla gubernamental matiza: reconoce al menos siete muertos y más de 110 heridos, pero destaca que, gracias a la mediación de la Defensoría, la ONU y la Misión de la OEA, se logró una tregua y el compromiso de ambas comunidades de ir a la Casa de Nariño a reunirse con Gustavo Petro.² Allí se insiste en que la violencia se enmarca en “un conflicto de larga data” que viene “desde el siglo XVI”, cuando la Corona española repartió títulos que hoy siguen teniendo efectos legales.²

Estado árbitro… y protagonista ausente

Para los Misak, se trata de recuperar un territorio ancestral ocupado ilegalmente hace unos meses por integrantes del resguardo Nasa de Pitayó.¹ Los Nasa, en cambio, se amparan en decisiones recientes de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que habría adjudicado unas 900 hectáreas mediante resolución de 2025.² Una nota oficial alineada con el gobierno subraya que la ANT ya “identificó de quién son las tierras” que hoy se disputan a sangre y fuego.³

En algo coinciden todas las miradas: el Estado llega, pero llega tarde. El propio historiador José Dueñas advierte que estos conflictos deben tratarse “con guantes de seda” y que la pelea en La Ensillada desnuda la fragilidad del diálogo y la vieja deuda estatal con los pueblos originarios de Cauca.²