Estados Unidos vuelve por el petróleo venezolano, pero no con discursos de “libertad” sino con contratos, licencias y promesas de inversión. En medio del colapso económico de Venezuela, Washington convierte los yacimientos en tablero geopolítico… y en caja registradora.

La narrativa de la Casa Blanca es clara: negocio redondo. Donald Trump se jacta de que el crudo venezolano “compensó 25 veces” el costo de la guerra con Irán, presentando al país como una pieza estratégica de su política energética y militar.¹ Bajo esta lógica, las sanciones y las bombas se pagan bombeando petróleo ajeno.

Las grandes petroleras estadounidenses se reposicionan. ExxonMobil, expulsada en 2007, ahora “se encuentra en conversaciones para adquirir derechos de producción de petróleo en Venezuela”, con posibles contratos en hasta seis yacimientos, casi dos décadas después de su salida forzada.² Lo que antes se denunciaba como expropiación hostil hoy se reescribe como “oportunidad de reconstrucción” del sector energético bajo tutela estadounidense.

En paralelo, la diplomacia económica afina el terreno. El encargado de negocios John Barrett se reúne con el ministro de Minas, el vicepresidente económico y el presidente del Banco Central para impulsar la “fase de recuperación económica” del plan de Washington, celebrando la nueva ley de minas y prometiendo que “empresas estadounidenses de alta calidad están listas para participar”.³ Recuperación, sí, pero con reglas hechas a la medida del capital extranjero.

En Caracas, el contraste es más crudo. Mientras el combustible deja de ser casi regalado y se convierte en negocio para socios externos, la “Administración Trump amplía lazos energéticos en Venezuela en medio de crisis económica” y hasta monta una embajada improvisada en el último piso de un hotel donde se cierran acuerdos.⁴ Para Washington, es una jugada maestra; para muchos venezolanos, sigue siendo supervivencia diaria, con o sin bandera estadounidense en la torre petrolera.