Un juez de la República declaró la extinción de dominio sobre una propiedad ubicada en la zona de La Asomadera, en Medellín, en la que funcionó un controvertido museo dedicado a preservar la imagen del narcotraficante Pablo Escobar. En una sentencia de primera instancia, la justicia consideró que la propiedad, ocupada por Roberto Escobar, alias el Osito, hermano del antiguo jefe del Cartel de Medellín, habría sido adquirida con dineros ilícitos. De acuerdo con la determinación judicial, al tener un historial asociado al narcotráfico, el lugar deberá ser administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). La decisión fue informada y celebrada por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien la presentó como un triunfo de la ciudad sobre quienes aún le hacen apología al narcotráfico. “Esta propiedad, que hoy pasa a manos del Estado, fue obtenida producto de dineros del narcotráfico, secuestros, asesinatos y toda clase de atrocidades. Esto es un mensaje para todos los cabecillas que hoy estamos combatiendo: los delincuentes no pueden siquiera pensar en la posibilidad de que sus dineros ilícitos sean legalizados”, expresó el mandatario distrital. La casa en cuestión está ubicada en el barrio La Asomadera 2, en inmediaciones de la carrera 38. Pese a que por mucho tiempo, tal como ocurre con otras propiedades de esa naturaleza, la casa no llamó la atención, hace más de ocho años comenzó a ser objeto de una fuerte controversia, cuando se hizo público que allí funcionaba un museo para exaltar la imagen de Escobar. A raíz del interés que en el extranjero han suscitado múltiples producciones audiovisuales que cuentan la historia del Cartel de Medellín, Roberto Escobar aprovechó su condición de familiar del capo para ofrecer una experiencia turística a muchos de los foráneos que llegan con esa curiosidad. Tal como quedó ampliamente documentado en medios de comunicación, el lugar tenía fotos de la hacienda Nápoles, objetos personales, documentos y se comercializaban todo tipo de productos con la imagen de Pablo Escobar. La situación generó un fuerte debate, ya que mientras Roberto Escobar argumentaba que su actividad era legítima, para otros no era más que una apología al narcotráfico y una afrenta contra las víctimas. En medio de esa discusión surgió un pulso por varios frentes, ya que en 2018 el museo fue sellado por un mes por no tener los permisos para funcionar, pero luego reabrió con aval del Ministerio de Turismo. Posteriormente, la Alcaldía de Medellín inició un proceso administrativo tras establecer que las edificaciones en ese sitio no tenían los permisos necesarios. Este trámite derivó incluso en una orden de demolición. No obstante, el proceso más delicado fue uno iniciado por la Fiscalía, en el cual el ente acusador determinó que el inmueble había sido comprado con dineros ilegales. Según reconstruyó la Fiscalía en sus investigaciones, el inmueble había sido comprado por Pablo Escobar con dineros provenientes de sus actividades criminales, con el objetivo de esconder allí caletas y servir de refugio cuando ya era perseguido por sus crímenes. Luego de su muerte, el ente acusador sostuvo que la esposa de Escobar Gaviria, Victoria Eugenia Henao, transfirió el inmueble a dos hermanas del narcotraficante, quienes a su vez la registraron a nombre de un tercero, mediante una escritura pública avalada por una notaría en 1996. De acuerdo con el ente, a pesar de todos estos movimientos, las hermanas de Escobar no habrían hecho uso del bien y allí resultó viviendo Roberto de Jesús Escobar Gaviria. Posteriormente, esa tercera persona a quien le fue registrada la propiedad constituyó una hipoteca por $240 millones en favor de otro particular y más adelante se protocolizó una venta en nombre de otra mujer por un valor de $1.100 millones. La Fiscalía sostuvo que en el lugar siguió viviendo Roberto de Jesús Escobar Gaviria, por lo que para ese ente esas transacciones no serían más que actuaciones para mantener el control de la casa a través de terceros. Por esta razón, el órgano inició un proceso de extinción de dominio, argumentando que la casa había sido comprada originalmente por Pablo Escobar y que, tras su muerte, se habría hecho una sucesión ilegal, en la que la casa quedó en manos de testaferros. Para demostrar esa situación, la Fiscalía aseguró que las personas registradas como propietarios, de acuerdo con análisis financieros y contables, no tenían la suficiente capacidad económica para comprar una propiedad avaluada en más de $1.000 millones. Bajo esa óptica, la Fiscalía aseguró que dichas transacciones asentadas en documentos no se tratarían más que de un engaño y que la persona que aparecía como propietaria no era una compradora de buena fe y solo habría aparecido en los mismos por ser la pareja sentimental del hijastro de Roberto Escobar. La Fiscalía sostuvo incluso que la hija de esa mujer trabajaba en el museo habilitado por Roberto Escobar. Por su parte, Roberto de Jesús Escobar argumentó que la actual propietaria había adquirido el inmueble de buena fe y que la razón de su presencia en el terreno era precisamente la del museo, que según él le costaba un canon de arrendamiento mensual de $11 millones. De igual forma, según se lee en la sentencia, Escobar descalificó a otros testigos que hablaron sobre el tema, señalándolos de ser “mentirosos”. Finalmente, en medio de sus consideraciones, un juzgado le dio la razón a la Fiscalía y ordenó declarar la extinción de dominio. Según consta en la sentencia, los familiares del extinto narcotraficante todavía pueden apelar ante el Tribunal Superior de Medellín, por lo que el pulso judicial podría continuar.