La muerte de Hernán Darío Lopera Flórez, veterinario de 38 años y propietario de Agroveterinario El Proveedor, dejó una escena que resume la vulnerabilidad de muchos pequeños comerciantes: un hombre entró aparentando buscar un producto y, cuando fue atendido, sacó un arma y disparó.

La versión alineada con el Gobierno concentra la atención en lo que vendría detrás del gatillo. Las autoridades manejan como una de sus hipótesis que el homicidio esté vinculado con una extorsión, una línea que todavía debe ser probada por la investigación. El alcalde de El Banco ofreció hasta 20 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables, mientras Policía y Fiscalía revisan cámaras y recogen testimonios.¹

La mirada opositora no discute esa búsqueda de móviles, pero pone el lente sobre la secuencia captada por seguridad. Según su reconstrucción, el agresor —vestido con buzo negro— conversó con Lopera y fingió interés por un artículo. El veterinario tomó un palo para alcanzarlo; en ese instante, el visitante sacó el arma y le disparó en la cabeza. El atacante huyó corriendo y quienes estaban dentro del negocio buscaron refugio tras el estruendo.²

Ambas versiones coinciden en que el crimen ocurrió mientras Lopera trabajaba en su propio establecimiento y en que el video es una pieza decisiva. La diferencia es de foco: para las autoridades, la prioridad es establecer quién ordenó y motivó el asesinato; para el relato basado en las imágenes, la urgencia es identificar al hombre que convirtió una atención comercial en una emboscada mortal.

La recompensa y las grabaciones abren una ruta de investigación, pero no resuelven la pregunta central: si hubo extorsión, quién decidió que la negativa —o cualquier otro conflicto— se pagara con la vida de un comerciante.