Óscar Puente dimite de Transportes y renuncia también a las listas del 29 de noviembre después de la tragedia ferroviaria de Urda, con 69 muertos. Es el segundo gran siniestro bajo su mandato en menos de un año, tras los 46 fallecidos de Adamuz. Pero el consenso sobre la gravedad se rompe al medir el alcance político de su salida.¹

Puente sostiene que su decisión no equivale a admitir una culpa directa. «Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año», afirmó, apelando a la «dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas». El Ejecutivo enmarca el paso al lado como responsabilidad institucional, mientras el exministro deja anunciado un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria y asistir a supervivientes y familiares.²

La oposición lee el mismo gesto como una rectificación forzada. El PP sostiene que los fallos no son hechos aislados: «Todo lo que ha podido fallar ha fallado», denunció su portavoz Ester Muñoz, quien lo definió como «un fallo sistémico». Vox eleva aún más el choque y reclama que Puente y Sánchez respondan incluso penalmente; el PNV ve la dimisión como una vía para recuperar la confianza en el transporte público.¹

La dimensión humana, sin embargo, antecede a la batalla electoral. Andalucía decretó tres días de luto oficial y expresó estar «desolada» junto a las víctimas.Lesther Alemán (LestherLAleman)³ En las redes también circuló una desconfianza más cruda: tras escuchar la explicación de Puente, «nadie en su sano juicio se sube a un tren en España».Lesther Alemán (LestherLAleman)⁴

La renuncia descarga a Sánchez de un ministro estrechamente asociado a su Gobierno, pero no elimina la pregunta central que explota la oposición: si dos tragedias pueden explicarse como casos distintos o si revelan una falla de sistema justo antes de las elecciones.