Olmedo López, el hombre que manejaba los recursos para emergencias en Colombia, hoy es el rostro de uno de los escándalos de corrupción más explosivos del gobierno Petro. Su aceptación de cargos reordena el tablero político, pero no todos leen este giro de la misma manera.

Por un lado, la mirada cercana a la oposición subraya la dimensión del derrumbe institucional y la incoherencia del proceso. López “volvió a aceptar cargos” ante una nueva jueza, luego de que en mayo se rechazara una solicitud similar, obligando a repetir la diligencia judicial.¹ Se destaca un caso lleno de tropiezos, con dos preacuerdos caídos y un Tribunal que cuestionó fallas en la acusación y hasta la cuantía de los peculados imputados, al punto de admitir que “no hay consenso respecto del número de peculados atribuidos al procesado y de su cuantía”.¹

En este relato, López es el símbolo de una UNGRD desbordada por la corrupción y de un sistema judicial incapaz de cuadrar cuentas frente a miles de millones desviados. La aceptación de cargos se presenta como una jugada desesperada, “una de las últimas opciones jurídicas” para buscar rebaja de pena, más que como un acto genuino de arrepentimiento.¹

Del otro lado, la versión más alineada con el Gobierno enfatiza los hechos duros y la colaboración. López aceptó los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir, y lo hizo “de manera libre, voluntaria, consciente e informada”.² Aquí el foco está en el entramado: 21 contratos direccionados por más de 228 mil millones de pesos, incluido el megacontrato de 46.800 millones para 40 carrotanques en La Guajira,² sobornos por 724 millones y terceros beneficiados con 13.340 millones.²

La mayor carga política viene con los presuntos 4.000 millones destinados a sobornar a los entonces presidentes del Senado y la Cámara,² elemento que, para la oposición, prueba una “articulación con el Gobierno Nacional y el Congreso”;² y para el oficialismo, es la razón para dejar que el ventilador de López siga girando… aun si salpica hacia arriba.