Daniel Noboa ha subido la apuesta: Ecuador ya no habla solo de “inseguridad”, sino de “conflicto armado interno” y abre la puerta a tropas extranjeras con inmunidad. La promesa oficial es derrotar al narcotráfico; el temor de críticos, que el remedio se parezca demasiado a un cheque en blanco militar.

El relato del Gobierno: guerra total y ayuda aliada

Los medios alineados con el Ejecutivo presentan la medida como un paso necesario en una “guerra total” contra las bandas criminales que han convertido a Ecuador en uno de los países más violentos de la región.¹ El decreto de Noboa otorga inmunidad al personal militar extranjero que participe en operaciones contra el crimen organizado, enmarcado en el “conflicto armado interno” declarado desde 2024.¹

La narrativa oficial insiste en la cooperación con “países aliados” y en que los efectivos foráneos operarán junto a las Fuerzas Armadas ecuatorianas en las zonas más golpeadas por la violencia.² “Militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad”, remarcó Noboa al anunciar que Ecuador “ya no pelea solo”.²

En paralelo, el Gobierno exhibe músculo interno: 13.000 militares se han desplegado en cuatro provincias clave —Guayas, Manabí, El Oro y Los Ríos— para reforzar patrullajes y controles con el objetivo declarado de “disminuir principalmente las muertes violentas” y recuperar el control de las ciudades más peligrosas.³

La mirada crítica: conflicto interno y blindaje jurídico

Desde una óptica más crítica, la nueva declaración de “conflicto armado interno” mediante el Decreto Ejecutivo 424 es leída como un salto cualitativo en la militarización de la seguridad interna.⁴ El texto no solo autoriza el despliegue de tropas extranjeras, sino que prevé beneficios jurídicos para militares, policías e incluso civiles que participen en operaciones contra el crimen, al facultar al presidente para conceder indultos, rebajar o conmutar penas.⁴

Esta combinación —presencia militar extranjera con inmunidad y blindaje penal para quienes actúen “en defensa del Estado”— alimenta las alertas de organismos de derechos humanos, que ya venían denunciando abusos, uso excesivo de la fuerza y desapariciones atribuídas a la fuerza pública.¹

Coincidencias y choques

Todos los relatos reconocen el mismo diagnóstico: un país atravesado por economías ilegales, narcotráfico y homicidios disparados. La fractura está en la receta. Para el Gobierno, más fuerza y más aliados; para los críticos, más controles y límites a esa fuerza. La pregunta que queda en el aire es si esta “guerra total” terminará neutralizando a las mafias o erosionando, de paso, las garantías democráticas.