Familiares de presos políticos venezolanos velan a sus muertos a las puertas de la Embajada de EE. UU., mientras el Estado al que responsabilizan niega incluso la existencia del problema. En el centro del reclamo: el nombre de Carmen Navas, madre que murió esperando respuestas sobre su hijo, fallecido bajo custodia.

La calle: duelo, campamento y súplica internacional

Desde hace días, familiares y activistas mantienen un campamento en las cercanías de la embajada en Caracas, donde organizaron una vigilia “en honor a Carmen Navas” y exigieron la liberación de sus seres queridos.¹ Globos, fotografías de presos y rosarios improvisados conmemoran a la madre convertida en símbolo de resistencia tras fallecer poco después de que el Estado admitiera la muerte de su hijo, de la que ocultó información por meses.²

La consigna es directa: “No queremos que otra madre muera buscando o esperando a su hijo… sean mediadores para que suelten a todos los presos políticos”, pidió Francis Quiñones, madre de un militar detenido, al Gobierno de Estados Unidos.² Los manifestantes reclaman la “intervención humanitaria” de Washington para frenar nuevas tragedias familiares.¹

El gobierno: delitos comunes, no presos políticos

Mientras en el asfalto se habla de “presos políticos” —389, según el último conteo de Foro Penal, cifra que da contexto al campamento—, el gobierno de Nicolás Maduro niega por completo esa etiqueta y sostiene que se trata de personas “que cometieron delitos”.² Para los familiares, se trata de persecución y justicia selectiva; para el poder, de Estado de derecho.

Coincidencias y choque frontal

Ambos bandos sí comparten una palabra: orden. Los manifestantes la claman como justicia y libertad; el gobierno, como control y legalidad. Pero mientras unos encienden velas frente a una embajada extranjera, el otro se aferra al discurso de la normalidad institucional. En medio, la figura de Carmen Navas funciona como acusación moral que el relato oficial no logra apagar.