La campaña de Iván Cepeda entra en la recta final con un pie en la plaza pública y otro en el terreno minado de las restricciones electorales. Lo que para unos son simples reuniones privadas, para otros son “tarimazos” ilegales que ponen a prueba la autoridad del árbitro electoral.

El relato oficialista: todo dentro de la norma

Desde el espectro cercano al Gobierno, se subraya que las denuncias son apenas el inicio de un trámite y no una condena. Se recuerda que apenas “presentadas las primeras denuncias contra los eventos masivos” en Sincelejo, Córdoba y Arauca, el CNE apenas “podrá evaluar la situación”.¹ La línea de defensa es clara: Cepeda y su fórmula Aída Quilcué sostienen que se trató de reuniones en “recintos privados” para coordinar la jornada del 31 de mayo, no de actos públicos masivos, por lo que no violarían el Decreto 0188 que prohíbe eventos entre el 25 de mayo y el 1 de junio.¹

La oposición: ‘tarimazos’ y presión al CNE

Desde la orilla opuesta, el tono es mucho más agresivo. Un medio opositor resume el caso preguntando “¿Quién responde por los ‘tarimazos’ ilegales de Cepeda?”² y enfatiza que el CNE recibió dos denuncias por eventos masivos en Córdoba y Sucre “pese a que está prohibido en la semana previa al día de las elecciones”.² Allí se presenta al candidato como quien fuerza los límites de la ley mientras se presiona al tribunal para que pase de las advertencias a las sanciones.

Otro ángulo opositor resalta que, tras el escándalo, el propio CNE se vio obligado a reiterar que está prohibido hacer “reuniones en espacios abiertos” durante este periodo,³ sugiriendo que el organismo reaccionó por los hechos de Cepeda y no por iniciativa propia.

Coincidencias y choque final

Ambos bandos coinciden en algo incómodo: el árbitro está bajo los reflectores. Para el oficialismo, el CNE es una instancia técnica que apenas comienza a revisar quejas. Para la oposición, es un ente que llega tarde y habla duro solo cuando un escándalo estalla en la prensa. En el centro, las imágenes de multitudes y la delgada línea entre “recinto privado” y mitin electoral terminarán decidiendo si estos eventos fueron simple proselitismo o una infracción calculada.