La campaña presidencial colombiana entró en modo castigo ejemplar: Abelardo de la Espriella promete cadena perpetua para violadores de niños, y la discusión ya no es si los crímenes son atroces —eso es consenso— sino hasta dónde puede llegar el punitivismo como plataforma electoral.

La promesa dura: impunidad vs. derechos

Desde el flanco institucional, la propuesta se vende como cirugía mayor al sistema de justicia. A tres días de las elecciones, De la Espriella asegura que la cadena perpetua es la respuesta a un país con “un alto nivel de impunidad” y que “en Colombia hay un 90% de impunidad” en los casos de abusos contra niños.¹ Su mensaje es inequívoco: quien “se atreve a tocar un niño deja de ser persona y se convierte en un monstruo. Y tiene que ser tratado como tal”.¹

En esa lógica, la niñez se convierte en el eje moral de su campaña: promete que en su eventual gobierno “promoverá la cadena perpetua para abusadores y violadores de niños”² y que “los niños son sagrados y su protección debe ser una prioridad absoluta”.²

La oposición que aplaude… al candidato

Paradójicamente, la crítica más ruidosa no va contra la propuesta, sino contra el sistema que la hizo necesaria. Un sector opositor, cansado de la clase política tradicional, ve en De la Espriella a “una muy creíble opción” frente a una élite que “sucumbió” a los intereses personales.³ Esa columna lo pinta como “un hombre valiente” que se juega la vida en “un país sumamente violento” y lo proyecta, sin matices, como “el presidente de los colombianos”.³

Coincidencias y silencios

Gobiernistas y opositores coinciden en algo: el clamor por castigos ejemplares y la sacralización de la niñez. Lo que casi no aparece es el debate jurídico y de derechos humanos sobre la eficacia real de la cadena perpetua, los límites constitucionales o la prevención. En la grilla de 2026, la pedagogía penal perdió por goleada frente al eslogan contundente.